La ola de incendios que asoló Galicia en el verano del 2006 y que fue bautizada como el Prestige del monte gallego trajo consigo un nuevo marco legal - aprobado por el bipartito en el 2007- que obligaba a los propietarios forestales a mantener libre de maleza y masa forestal una franja de cien metros alrededor de cualquier núcleo habitado. Casi cuatro años después de aquella catástrofe, en la que el fuego se acercó a las viviendas y la crisis pasó al ámbito de la protección civil, miles de fincas forestales próximas a casas siguen en estado de abandono.
Los concellos reconocen que se ha avanzado en los trabajos para minimizar los riesgos, pero alegan falta de medios y de fondos para la aplicación plena de una ley que delega una gran responsabilidad en los municipios. Los gobiernos locales son los encargados de requerir el desbroce al particular. Sin embargo, en muchos casos se ven obligados a asumir la ejecución de forma subsidiaria. Los primeros en dar la voz de alarma fueron los alcaldes de la Costa da Morte. Y el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Carlos Fernández, se muestra rotundo: «Se trata de un marco legal que coge una competencia de ámbito autonómico y la carga sobre los municipios; nosotros somos los que damos la cara con los vecinos en un asunto muy impopular y mucho más complejo de lo que parece». Municipios consultados advierten de que la limpieza de montes próximos a viviendas constituye un problema porque a veces se desconoce quién es el propietario. También hay dificultades de lindes, de herencias y de recursos económicos de los particulares.
La ley de prevención de incendios aprobada en el 2007 tras la catastrófica ola de fuegos del verano anterior incluye otros preceptos que se incumplen en muchos puntos de Galicia. Por ejemplo, a 50 metros de la propiedad no puede haber determinadas especies arbóreas en las zonas de riesgo forestal, como pinos o eucaliptos. Jacobo Feijoo, responsable de asuntos forestales en Unións Agrarias, advierte de que basta con darse una vuelta para ver que «el marco legal no se respeta en muchos puntos de Galicia», pero cree que hay que diferenciar. «No es lo mismo un concello como Santiago, con muchos más recursos para efectuar requerimientos, que uno rural; ahí la aplicación es más compleja».
Problemas para aplicar la ley
Medio Rural reconoce los graves problemas para aplicar la ley de prevención de incendios que aprobó el bipartito, tal y como denuncian los concellos y agentes del propio sector, pero recuerda que se trata del marco normativo vigente y que establece que es el dueño de la parcela el que tiene la obligación de desbrozarla. Para minimizar los riesgos en montes próximos a viviendas y ante la existencia de un problema de exceso de maleza en esas áreas, la Administración financiará -con un millón de euros- una parte de los trabajos de limpieza en zonas que ha calificado como de alto riesgo. Estas tareas, cuyo inicio está previsto para mayo, se desarrollarán en puntos de cien concellos que los propios gobiernos locales han catalogado como posibles focos de incendios.
El departamento que lidera Samuel Juárez quiere ayudar así a los municipios con menos recursos, que son los que tienen una mayor dificultad para aplicar los preceptos de la ley que surgió tras la catástrofe forestal del verano del 2006. El presidente de la Fegamp considera que el presupuesto para colaborar con los ayuntamientos es muy pequeño, y recuerda que hay casos en los que el municipio recibe una ayuda de 5.000 o 6.000 euros cuando se tiene que gastar en limpieza de montes 200.000 o 300.000 euros.
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