«Los montes públicos, ¿a la venta?» #CLM

A continuación transcribimos el artículo de opinión publicado en elpais.com de Josefina Gómez Mendoza, catedrática emérita de Geografía y miembro de las Reales Academias de Historia e Ingeniería.

Parece que les ha llegado la hora de la privatización a los montes, a la naturaleza en suma. La Comunidad de Castilla-La Mancha parece dispuesta a emprender la venta de los montes de utilidad pública (MUP) que en principio son inalienables, imprescriptibles e inembargables, como establece la Constitución (artículo 132) y la ley de montes vigente. Y además el Estado, a través de su Administración forestal, ha invertido mucho esfuerzo en hacer los catálogos que los incluyen y los protegen.

La desamortización propiamente dicha fue un proceso que duró más de un siglo, de 1821 a 1925. Fue la ley general de desamortización de 1855, conocida como ley Madoz, la que más afectó a los montes, porque por primera vez incluía los bienes de propios y comunes de los pueblos, que se tenían que vender aun contra la voluntad de estos. Pero la propia ley arbitraba una serie de excepciones, entre ellas las de aquellos montes que la Junta Consultiva de Montes considerara oportuno no vender por razones de utilidad pública. La Junta dictaminó en el mismo año 1855 que debían quedar en manos públicas, preferentemente del Estado, los montes que ejercían imprescindibles “influencias sobre la física del Globo”.

El proceso de privatización de la tierra en España se caracteriza, pues, porque desamortización y primera conservación de la naturaleza fueron a la par, fueron procesos paralelos y complementarios. A la vez que se mandaba vender, se cuidaba de exceptuar de la venta lo que tuviera interés general. Extraordinaria tarea que hicieron los pocos ingenieros de montes de aquellos años, que tuvieron que proteger unas superficies forestales que apenas conocían hasta establecer en 1901 el Catálogo de MUP: aquellos formados por masas arboladas y terrenos forestales que, por sus condiciones, pudieran garantizar la salubridad pública, el mejor régimen de las aguas, la seguridad de los terrenos. A lo largo del siglo XX, el catálogo se ha ido corrigiendo y completando, añadiéndoseles a los MUP otras funciones, como la fijación de CO2, el mantenimiento del paisaje, de ecosistemas y corredores ecológicos, el acoger el recreo de las poblaciones, etcétera. Su llevanza ha sido transferida a las comunidades autónomas; y en el caso de Castilla-La Mancha, la actualización culminó a finales de 2007, con la catalogación de 918 “montes de utilidad pública” que suman 814.325 hectáreas, dos terceras partes de los cuales son propiedad de las entidades locales.

No deja de asombrarme e indignarme la facilidad y la frivolidad con que las Administraciones públicas deshacen lo que ellas mismas han hecho con anterioridad. En este caso, el indiscutible éxito de la gestión pública ambiental que supuso el catálogo de MUP va a anularse con un argumento tan discutible como el de las ventajas genéricas de lo privado sobre lo público. Y sin dar explicaciones, como si la elección democrática de una mayoría de gobierno justificara cualquier acción arbitrista, aunque no estuviera incluida en el programa electoral, como es el caso.

La idea de una desamortización de los montes para luchar contra el déficit fue planteada hace tres años por un economista y exministro de Agricultura de los Gobiernos de UCD. Sostenía que las propiedades forestales en manos públicas o muertas no tienen utilidad y generan más gastos que ingresos, y se preguntaba por el sentido de mantenerles el carácter público cuando el Estado ya se había desprendido de sus propiedades industriales, financieras, inmobiliarias, etcétera. Estimaba el autor que se podrían vender entre 2,5 y 3,5 millones de hectáreas y sugería, para hacer alienable lo inalienable, recurrir al argumento de una pérdida de las circunstancias que dieron lugar a la condición de UP.

Cabría preguntarse, como hace el Colegio de Ingenieros de Montes al prevenir contra la venta del patrimonio natural, ¿por qué entonces no vender también el patrimonio histórico-artístico? Siguiendo el razonamiento expuesto: si se han vendido las siderúrgicas, ¿por qué no vender catedrales? También deben gastar más de lo que ingresan. Claro es que son de la Iglesia, y que esta no contribuye por su patrimonio, pero también muchos montes son de los pueblos y esto no parece entrañar problemas para plantearse la venta. No está de más recordar que en aquel siglo XIX de (también) mucho déficit, se empezó por la desamortización eclesiástica, la de Mendizábal, antes de la civil.

Se dice que se piensa empezar las ventas por cuatro MUP de Toledo: el Dehesón del Encinar de Oropesa al pie de Gredos, la Nava de Don Diego en los Navalucillos —muy cerca de Cabañeros— y Quinto de Don Pedro y Cardeñosa en los Yébenes. La sospecha se funda en el primer caso en que ha sido desmantelada la granja experimental agropecuaria que mantenía la Junta con el INIA, y vendido todo el ganado; en los otros tres, en que en fecha reciente se ha suprimido su condición de refugios de fauna con el argumento de que ya son compatibles la explotación forestal y cinegética con la conservación del medio natural y de sus recursos. Los cuatro montes son además propiedad de la Junta, resultado de la política de compras a los pueblos por parte del Patrimonio Forestal del Estado de los años 1960 y 1970. Estaríamos, pues, ante un caso patente de esas políticas de ir y venir a las que me refería: se compró para mejorar y conservar, se vende para rentabilizar los recursos mejorados, en particular la caza. Porque es obvio, el valor económico de estos montes y de la mayor parte de los terrenos forestales de Castilla-La Mancha es el de sus recursos cinegéticos, sobre todo; al tiempo que las funciones de carácter general que desempeñan son las territoriales, ecológicas y paisajistas, puesto que albergan una rica diversidad de flora y fauna, sujetan el suelo, fijan el CO2 y constituyen paisajes culturales de enorme estima.

Es lícito pensar que puede haber interés de los grandes propietarios que rodean las fincas por adquirirlas, sobre todo saneadas y mejoradas como están, a precios bajos, si no de saldo. Los cuatro montes señalados tienen en torno a las 700 hectáreas, es decir, por encima de las 500 hectáreas establecidas como superficie mínima para un coto de caza mayor. Y además están bien comunicadas y cercanas a Madrid.

Lo peor es que a lo mejor todo se hace en nombre de la sostenibilidad ambiental. Algunas Administraciones públicas nos tienen acostumbrados a esos escandalosos juegos de palabras. Baste citar la desvergonzada Ley 5/2012 que ha aprobado la vecina Comunidad de Madrid, que para mayor escarnio se llama de Viviendas Rurales Sostenibles. Ni viviendas, ni rurales, ni sobre todo sostenibles; y además un monumento a la incultura urbanística, geográfica y paisajística. Bien merece el apodo de ley ViRuS que se le ha dado por el acrónimo y por su carácter mórbido. Pretende dar cumplimiento al “derecho constitucional de los madrileños a vivir en contacto con la naturaleza” y por ello se les permite construir una vivienda unifamiliar… siempre que se tengan las seis hectáreas que se establecen como unidad mínima, lo que me temo que deje fuera del mencionado derecho a la inmensa mayoría de los madrileños. Si por fortuna se poseen los 60.000 metros cuadrados, la vivienda podrá ser de hasta 900 metros cuadrados.

Es un insulto a la inteligencia llamar a semejante desafuero “rural y sostenible” cuando promueve la edificación residencial dispersa, la más insostenible de todas, sin limitación de infraestructuras (viarias, energéticas, residuos). Posiblemente incurre en el vicio de inconstitucionalidad que supone sustraer a los Ayuntamientos la competencia de la licencia en toda regla y convertirlos en meros legitimadores de hechos consumados. Hiere particularmente mi sensibilidad profesional que se hable de que las nuevas edificaciones “respetarán el paisaje” simplemente porque al ser de una planta no deben causar demasiado impacto visual. Se hace así un uso del término puramente visual, sin pensar en el valor patrimonial de configuraciones rurales resultado de largas interacciones.

El plan de privatización de MUP y la ley de VRS son contrarios al Convenio Europeo del Paisaje suscrito por España, a las leyes urbanísticas y forestales vigentes y, en ciertos aspectos, a la propia Constitución.

Los parlamentarios del PP de #CLM rechazan oponerse a la venta de montes públicos

Toledo, 14 mar (EFE).- Las Cortes de Castilla-La Mancha han rechazado, con los votos del PP, la proposición no de ley presentada por el grupo parlamentario socialista de oposición a la privatización de los montes públicos de la región, algo que, según el PSOE, pretende hacer la Junta con 57 de ellos.

En el texto rechazado se instaba a las Cortes de Castilla-La Mancha a posicionarse en la defensa de los montes públicos y en contra de la privatización de los mismos y se manifestaba el apoyo al mantenimiento de la propiedad y del régimen jurídico de los montes demaniales.

La diputada del PP Carolina Hernández ha concretado que de las 3.564.780 hectáreas de superficie forestal que tiene la región, el 4,78 por ciento son de titularidad de la Junta, y ha sostenido que "la mayoría seguirá siendo" público.

En todo caso, según ha aseverado Hernández, la Junta procederá a la venta de fincas rústicas que estén infrautilizadas o en estado de semiabandono y ha garantizado que la Administración regional actuará "con escrupuloso respeto a la ley, en todas las actuaciones" y que "nunca se venderán las fincas que no permita la ley o que estén declarados espacios protegidos".

"Es falso que estas ventas perjudiquen al medio ambiente", ha sostenido la diputada del PP, tras insistir en que, en caso de que se lleguen a concretar estas operaciones, "se harán con transparencia absoluta" y se trasladará toda la información a la opinión pública.

La diputada socialista Blanca Fernández ha asegurado que el Gobierno de Castilla-La Mancha sí tiene la intención de vender 57 de los 228 montes públicos de la región (19 de Ciudad Real, 13 en Albacete, 11 en Guadalajara, 8 montes en Cuenca y 6 en Toledo), que protegen una superficie de 41.000 hectáreas en la región.

Según ha afirmado, esto ha quedado demostrado, en primer lugar, por las denuncias de los funcionarios de Agricultura que "recibieron instrucciones por parte de la consejería para realizar una serie de informes de montes selectos con detalles preocupantes", algo por lo que iniciaron una campaña de recogida de firmas, que en una semana reunió 12.000 apoyos.

Y también, ha continuado la diputada socialista, por la reunión entre las organización ecologistas y la Dirección General de Montes, que "les reconoció que existe un plan" para la venta de montes públicos y, además, porque los presupuestos contemplan un ingreso de 45 millones de euros por venta de terrenos no urbanos. EFE



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«¿Qué será de nuestra naturaleza si no somos capaces de apreciarla como un valor colectivo?»

Inconmensurable artículo de opinión de Jesús Casas Grande; ingeniero de montes. Fue funcionario público durante más de 30 años.

El siguiente artículo ha sido publicado en SEO/Birdlife

Desde el asombro, expongo aquí un pequeño catálogo de reflexiones imprecisas. Sí, empiezo por manifestar asombro. Y continúo por confesar no saber muy bien que añadir. Porque cada vez me cuesta más tener que justificar lo evidente en la defensa de nuestros montes públicos.

Me estoy refiriendo a la noticia, aparecida hace días en prensa, de que algunas autoridades autonómicas estarían acariciando poner en marcha un remedo de nueva desamortización. Vender unos cuantos de esos montes públicos, siempre pocos, que son de todos. Vender, precisamente, aquellos declarados de utilidad pública. Aquellos a los que hemos reconocido, hace siglos por cierto, que contienen valores y aportan servicios a toda la sociedad como para justificar, en un ya lejano día y en un momento complejo, el que se mantuvieran como patrimonio público común.

Se pretendería abrir un nuevo proceso de venta de bienes públicos, inmolados ante el altar de las sucesivas ofrendas a la siempre oportuna crisis, y con la vista puesta en una, más que parcial y puntual en realidad virtual, mejora en la capacidad financiera para algunas administraciones.

Y ante eso,…. ¿Qué decir?

Para empezar, probablemente no sea yo el más objetivo para comentar la cuestión. Sin probablemente, no lo soy. Por no andarme con rodeos, este tipo de cosas son de las que no me caben en la cabeza. Y no es que me sorprenda. No es que me enfade. Es peor, es que, sencillamente, me deprimo. Me deprime pensar que haya cabezas bien pensantes que, visto lo visto, puedan entender como solución para “no sé qué” vender nuestro, exiguo insisto, patrimonio público forestal común.

Obvia y afortunadamente, medio mundo ha salido en cascada a criticar la idea. Algún periodista incluso le ha llamado la atención la aparentemente sorprendente identidad de criterio entre forestales y ecologistas. A mí no. Una cosa es tener alguna orientación distinta respecto de las formas y las maneras, y otra no compartir la esencia del fondo. A estas alturas, tras quince días de manifiestos, posicionamientos, y movimientos en las redes sociales, lo que sí me llama la atención es que no he encontrado, y lo he buscado, un solo defensor de tan peregrina idea. Pero la idea sigue por ahí, zumbando esquiva en las redes sociales, escrita subliminalmente con palabras limadas en algún documento oficial, asociada a voces en las que algunos creen oír dobles y triples intenciones. Porque aunque nadie la defiende, nadie la acaba de desmentir como pura superchería. Y ya va siendo hora.

¿Hay que volver a insistir en que somos uno de los países con menos propiedad pública natural del mundo? Supongo que no.

¿Es preciso volver a evocar la dignísima, para mí emotiva, historia de la creación de Catálogo de Montes de Utilidad Pública, la primera política global de protección del medio natural en el planeta (por cierto), y lo que pasó, y para lo que sirvieron los millones de hectáreas que finalmente fueron desamortizadas? Estos días mucha gente lo ha recordado con la suficiente sencillez y humanidad como para no justificarse añadir ni una coma.

¿Procede que reitere el centenario marco legal de estos montes, y la lógica complejidad de todo punto, salvo atropello, para descatalogar algo que es patrimonio común por su utilidad pública? Ya está dicho y bien dicho.

¿Es necesario hacer números y demostrar que el beneficio sería escaso y no precisamente repartido, que las ganancias apenas resolverían nada al vendedor, y que el balance a futuro tomaría tintes bastante catastróficos? Sería repetir algo ya escuchado.

¿Hay que insistir en que el tema jurídicamente es vidrioso y discutible, y probablemente iniciar el proceso abra vía a una serie de espesos recursos contenciosos, y procesos judiciales en cascada poco adecuados en los tiempos que corren? No, podría dar lugar a interpretaciones no deseadas.

¿Merece la pena insistir en que este concepto, y la comprensión de su alcance por la sociedad española ha superado dos republicas, dos restauraciones monárquicas, tres guerras civiles, unos cuantos pronunciamientos militares, y una dictadura, todo ello de todos los colores ideológicos imaginables sin que nadie se plantease quebrarlo? Creo que es obvio.

¿Es admisible que insista en el sarcasmo, poniendo un tinte populista y marrullero en todo ello, para apostillar que, ya puestos, también podemos vender Las Meninas en trocitos tamaño paño de cocina y algo sacaríamos? No me gustaría llevar la discusión a esa orilla tan embarrada.

Entonces….qué?

Resulta difícil encontrar más argumentos a todos los ya enunciados por personas, colectivos, e instituciones, en un derroche de intención digno de encomio. Todo ya está dicho y bien. Por eso creo que me voy a limitar a decir, simplemente que, en corto y en confianza, eso no puede ser. Que no es de recibo. Que pasa la línea roja. Que no es aceptable por el común de los ciudadanos. Que no tiene sentido. Y que es lamentable, sí, lamentable, que a estas alturas alguien llegue incluso a idearlo.

¿Qué puede tener en la cabeza alguien para que una cosa así se le llegue a ocurrir? Y es que es eso, lo que esté en la cabeza de los ideantes, eso en el fondo es lo que me angustia. Qué tiene alguien en la cabeza como para pensar que una propuesta así puede encontrar acomodo y aceptación en el común de la sociedad española. Hasta qué punto no está suficientemente arriostrada en algunos la esencia de que la protección del medio ambiente, la idea de que el disfrute del patrimonio natural es un derecho intergeneracional. Como alguien puede aún no entender que preservar cosas comunes, que a todos nos comprometen, forma parte de nuestra identidad y nuestro proyecto.

Los montes públicos también cimentan el sueño por una construcción común de país reflejada en nombres, paisajes, recuerdos, vidas, deseos, y ambiciones. Y me da miedo pensar que pueda estar engañado, y que todo eso, que creo tiene que formar parte del ADN intangible y común de las gentes de esta tierra, en realidad, no lo esté.

Si alguien propone vender el Acueducto de Segovia pieza a pieza le consideraríamos simplemente un loco, por no decir un delincuente. Tal vez ocuparía alguna línea en el apartado de la demencia individual, pero nadie, nadie, se lo podría tomar en serio…. La sorpresa estallaría si alguien consciente y equilibrado lo llegara a plantear. Ante eso nos quedaríamos atónitos. Pues así estoy, atónito. Y quiero pensar que no soy el único. Me gustaría pensar que todos estamos así.

Me alarma este intencionado descrédito por lo público. Me alarma esa visión absurda de que solo lo privado es presentable y sirve. Y me alarma, en particular, si hablamos de medio natural, de montes, de naturaleza. Porque más allá del respeto a la propiedad privada y sus capacidades, la construcción de un territorio vivible, ambiental digno, solidario y sostenible en el tiempo no es posible sin una base territorial pública donde proyectar políticas e intenciones.

Y no quiero confundir este debate con el debate de la externalización de servicios, con permitir que los aprovechamientos se realicen por terceras empresas, o que la visión empresarial se incorpore, en términos de beneficio sostenible, a la gestión del patrimonio común. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de mi derecho ciudadano, reconocido en la Constitución por cierto, para sentirme inmaterialmente comprometido en la responsabilidad de una parte del horizonte. Estoy hablando de la exigencia colectiva de que los responsables públicos asuman el reto de la responsabilidad en el futuro de nuestros paisajes. El medio natural, los montes, deben estar en el mercado y en la visión económica, pero no son parte del mercado ni de la economía. Son la infraestructura natural básica sobre la que se asienta la forma de construir país.

No caigamos en la falsedad edulcorada. No confundamos la realidad con dejarnos llevar de las modas imperantes, ni abracemos, al menos del todo, a los nuevos becerros de oro. Cuando pienso en los bosques de mi vida, cuando pienso en la España interior y adusta de la que formo parte, todos mis recuerdos, que es como decir todos mis motivos, son montes públicos. He andado media Península Ibérica de monte público en monte público, y todos los ecos que resuenan en mis recuerdos, todas esas voces que acompasan lo que soy, lo que me ha construido, son montes públicos entendidos como tales desde hace más de 150 años. Ordesa, Irati, Cazorla, Soria, Muniellos, Gredos, Serranía de Cuenca, Sierra de Segura, Albarracín, Guadarrama,…. ¿Qué será de nuestra naturaleza si no somos capaces de apreciarla como un valor colectivo? Los paisajes existen, nosotros somos episodio pasajero, apenas una sombra efímera en el tiempo.

Ya está bien de dudas bien intencionadas. Ya está bien de palabras imprecisas siempre correctamente enlazadas. Ya está bien de modular, de no acabar de decir lo que pensamos. He sido un gestor de espacios públicos durante décadas, y estoy orgulloso de ello. Y creo que los ciudadanos, los de hoy y los de mañana, así lo quisieron. Hoy los gestionan otros, y tal vez, sin duda, apliquen otros criterios e incorporen otras maneras de hacer. Eso está bien; debe ser así. Nada de ello debiera cambiar si hay razones, que las hay, para que entendamos que esto, en resumen, forma parte del proyecto común de construir una convivencia digna. Porque en realidad, de eso se trata esta historia.

No pasa nada por no saber bien a dónde vamos, no pasa nada. Siempre que no olvidemos de dónde venimos y qué nos trajo hasta aquí.

La riqueza del monte, patrimonio y derecho de la sociedad

Nota de prensa emitida por el Colegio de Ingenieros de Montes después de las informaciones aparecidas sobre la intención de la Junta de Castilla-La Mancha de poner en venta varios montes del Catálogo de Montes de Utilidad Pública:

El Colegio de Ingenieros de Montes, en respuesta a las inquietantes noticias publicadas en los medios de comunicación sobre la posible desamortización de montes públicos pertenecientes al Catálogo de Utilidad Pública quiere recordar a la opinión pública que:


Los montes públicos, y de manera particular los inscritos en el Catálogo de Utilidad Pública, son parte sustancial de nuestra Naturaleza, representan uno de los pilares clave para su conservación en España, son activos naturales estratégicos para la política forestal del país y garantizan y materializan el derecho de todos los españoles a disfrutar del medio ambiente que recoge el artículo 45 de nuestra Constitución.

Las desamortizaciones o enajenaciones practicadas sobre la propiedad forestal pública en el siglo XIX tuvieron desastrosas consecuencias para nuestra Naturaleza que aún hoy no hemos logrado reparar. Destruyeron cinco millones de hectáreas de capital natural y los servicios de sus ecosistemas patrimonio de todos los españoles, crearon un notable desasosiego social, desencadenaron una intensa deforestación, la destrucción de valiosos hábitats, la erosión de los suelos, las inundaciones catastróficas, incrementaron la riqueza de los especuladores y en absoluto resolvieron la buscada liquidez de la Hacienda pública. Más bien incrementaron sus costos y los problemas ambientales nacionales.

Regresar a los fracasados e irresponsables métodos desamortizadores del pasado para tratar de solventar parte de las penurias de la caja pública no es la solución que los españoles esperamos. La crisis y el déficit público no se resuelven enajenando los montes de utilidad pública, auténticos monumentos de nuestra Naturaleza.

Reconocemos el trabajo anónimo y cotidiano de los funcionarios públicos al servicio de la protección y defensa -incluida la indebida apropiación- de nuestros montes y activos naturales públicos, y valoramos excepcionalmente su permanente dedicación a la conservación e incremento del patrimonio forestal en aras de su uso y disfrute por todos los españoles.

Los valores más profundos de la nación

Los montes y sus ecosistemas, particularmente los que constituyen el capital natural público de España, representan los valores más profundos de la nación: son un legado que con mucho esfuerzo nos han transmitido nuestros antepasados para que sean disfrutados responsablemente por nuestra generación, y entregados en mejores condiciones a nuestros sucesores.

Su contribución al bienestar económico y social de todos los españoles se visualiza a través de su insustituible papel en el mantenimiento de la calidad del aire, del agua, del suelo, del paisaje, de la regulación de avenidas, de la protección de infraestructuras y núcleos urbanos, y del libre acceso al uso recreativo por todos los españoles.

El valor o renta de estos y otros servicios de los ecosistemas forestales españoles alcanza la cifra de 17.000 millones de euros anuales, lo que equivale a 650 euros por hectárea en agua, sumideros de carbono, biodiversidad, paisaje y recreo entre otros, lo que supone una elevada rentabilidad económica y social para la nación de estos servicios ambientales.

Nadie vendería nuestro patrimonio histórico-artístico

Apelamos a la sensatez, prudencia y visión estratégica de nuestros legisladores y dirigentes políticos en la toma de decisiones sobre asuntos tan trascendentales para la nación como los montes públicos, infraestructuras naturales del país y patrimonio de todos los españoles, con el fin de evitar los errores conocidos de nuestra historia forestal. Las recientes iniciativas desamortizadoras de los activos forestales públicos supusieron un sonoro fracaso social en el Reino Unido y una pérdida de credibilidad para el gobierno Cameron, que tuvo que retirarlas y disculparse públicamente.

En España no se puede abrir una crisis ambiental como la que provocaría la venta especulativa de valiosos activos públicos naturales, ventas que nos trasladarían a momentos de la historia de España que no se deben repetir, desestabilizarían la frágil seguridad de nuestros montes y pondrían en riesgo los beneficios generales que proporcionan los montes de utilidad pública.

De la misma manera que nadie en nuestro país pensaría en la venta de nuestro riquísimo y único patrimonio histórico artístico como solución económica a esta crisis, tampoco nuestros tesoros forestales, que además son nuestros protectores, pueden ser descatalogados y enajenados.

El Colegio de Ingenieros de Montes, fiel a sus obligaciones estatutarias, pondrá al servicio de la sociedad todas sus capacidades en defensa del capital natural público de España y de los valiosos servicios ambientales que prestan a todos los españoles, al tiempo que muestra su predisposición par ofrecer las soluciones técnicas y económicas más apropiadas para el mejor aprovechamiento y conservación de los montes españoles.

Los funcionarios públicos de Castilla-La Mancha contra la venta de los Montes de Utilidad Pública

Los funcionarios públicos de Castilla-La Mancha han firmado un escrito dirigido a los órganos de Gobierno de la Junta de Castilla La Mancha en materia de montes, para declarar su total apoyo y defensa a los Montes del Catálogo de Utilidad Pública.


Gracias a que los Montes de Utilidad Pública permanecieron bajo la gestión de las Administraciones Públicas en las desamortizaciones pasadas, hoy podemos; contemplar, disfrutar, conservar y vivir de estos recursos. Si no fuera por aquella defensa de este Patrimonio Natural, hoy, sólo podríamos hablar de pobreza natural continuada.

Aún hoy, hay colectivos que saben de la importancia de conservar estos terrenos bajo la gestión de la Administración Pública, defendiendo los valores e interés común en contraposición del individual y privado.

Queremos apoyar esta defensa de Nuestro Patrimonio Natural que son los Montes de Utilidad Pública, por sentido común y por necesidad.

¡No a la venta de Patrimonio Natural!


A continuación transcribimos la carta firmada por los funcionarios públicos de Castilla-La Mancha ante el Gobierno de esta Comunidad Autónoma en defensa de estos terrenos públicos naturales:

Al Director General de Montes y Espacios Naturales
A la Consejera de Agricultura de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha


Los firmantes de este escrito, funcionarios especializados en gestión de terrenos forestales y conservación de la naturaleza, ante la evidente intención de la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de desafectar y excluir del Catálogo de Montes de Utilidad Pública para su posterior venta varios montes incluidos en el mencionado Catálogo, queremos expresar nuestro total desacuerdo ante esta posibilidad.

La Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible en Castilla-La Mancha, establece en su artículo 7 que los montes pertenecientes al dominio público forestal son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

La exclusión de montes del Catálogo de Montes de Utilidad Pública sólo procede si estos hubieran perdido las características por las que fueron catalogados y fuera irreversible la recuperación de las mismas, o hubieran desaparecido las causas para su afectación al uso o servicio público que motivó su declaración, si no ejercieran las prestaciones para el cumplimiento de sus fines, o si se produjera una declaración de prevalencia de otro interés público distinto al forestal. Ninguno de los montes que se pretenden excluir del Catálogo para su venta se encuentra en alguno de estos supuestos.

Hay que recordar que los efectos de las desamortizaciones forestales pasadas fueron desastrosos para la economía, la sociedad y la naturaleza españolas. Miles de hectáreas de montes públicos vendidas a particulares fueron deforestadas sufriendo erosión y perdiendo su papel protector frente a las inundaciones. La biodiversidad, recreo, paisaje, sumideros de carbono y el resto de servicios ambientales que proporcionaban estos montes se perdieron para siempre. Las poblaciones rurales perdieron la posibilidad de seguir usando esos terrenos, provocándose graves tensiones sociales.

Los montes que se consiguieron salvar de la desamortización y se incluyeron en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública en el siglo XIX han sido y siguen siendo la base de la conservación de la naturaleza de este país. Son muchos los pueblos que llevan largo tiempo utilizando estos terrenos públicos de distintas formas (trabajos forestales, caza, pesca, ocio, iniciativas empresariales, recogida de frutos, leñas, hongos…); sus habitantes apreciarán su venta a manos privadas como una merma importante de su calidad de vida y mostrarán sin duda su oposición a las ventas y, llegado el caso a los nuevos propietarios.

Por todo ello, reiteramos nuestra total oposición ante cualquier intento de desafección, descatalogación y venta de este patrimonio común. Entendemos que por el contrario debe fomentarse su conservación y mantenerse sus funciones económicas, ecológicas y sociales, garantizando el derecho de todos a disfrutar del medio ambiente, tal y como se establece en la mencionada Ley de Montes.

Si deseas hacer esta petición a la Junta de Castilla-La Mancha puedes hacerlo aquí:

No a la Venta de los Montes de Utilidad Pública

 

El aprovechamiento forestal de nuestros bosques nos desarrolla

A continuación transcribimos el artículo completo aparecido en la sección Magazine de La Vanguardia, cuyo autor, Antonio Cerrillo, expone muy apropiadamente los mayores problemas que tiene el sector forestal en España, y por ende nuestros bosques, así como qué actuaciones se podrían llevar a cabo para paliarlos en gran medida.

Un artículo muy recomendable.



Lo que el fuego esconde
Antonio Cerrillo
Magazine | 02/11/2012 - La Vanguardia.com

El avance colonizador del bosque en detrimento de los campos de cultivo abandonados, la desaparición de la ganadería extensiva que mantenía a raya el sotobosque y el abandono de las actividades silvícolas explican la enorme vulnerabilidad de los bosques españoles a los incendios. Este año se han vuelto a sufrir las consecuencias: hasta octubre ardieron 198.000 hectáreas, casi el doble de la media anual del último decenio (105.390). Pasado el verano, es el momento de analizar el porqué de esta tragedia repetida y de plantear soluciones.

Una sociedad cada vez más urbana ha dado la espalda a las actividades agrícolas y ganaderas, con lo que las zonas forestales han ido ganando terreno de manera desordenada, caótica. El resultado son masas boscosas continuas, amorfas y sin gestión, donde se acumula el combustible y la falta de planificación ha dejado los municipios sin espacios intermedios o cuarteados, sin ese mosaico de usos que puede evitar el avance del fuego en caso de producirse.

La economía del mundo forestal está desplomada. Los aprovechamientos de sus recursos (madera, leña, astillas…) son mínimos, y la falta de población que trabaje y viva del bosque y esté implicada en su conservación ha dejado esta parte del territorio sin guardianes. La sociedad española ha dado la espalda a los montes de una manera tan insensata que las consecuencias son una catástrofe cada verano. Los modos de vida rural han imitado el mundo urbano, y se han roto raíces culturales que ayudaban a favorecer la gestión. Así, municipios situados en zonas forestales ven el gas canalizado como un signo de modernidad (frente a la leña), y grandes propietarios de bosques abastecen sus casas con fuel –utilizan una energía que ha viajado 4.000 kilómetros desde Oriente Medio–, mientras la finca almacena año tras año un combustible en forma de leña y cuya acumulación en el terreno condena a la propiedad a ser algún día pasto de las llamas. “Además, dedicamos más recursos a la extinción de incendios que a las políticas forestales, con lo cual aún se produce, cada año, más acumulación de combustible”, dice Francisco Cano, presidente de la Asociación de Profesionales Forestales. “El fuego –se lamenta– se ha convertido en el mayor gestor del territorio. El incendio es el resultado lógico de toda esa falta de políticas”.

Lo mismo piensa Alberto Sáez Serrano, abogado y alcalde popular del municipio valenciano de Cortés de Pallás (Valencia), que vio arder su pueblo el 28 de junio en el peor incendio del verano en España. “El campo se abandona. Las nuevas generaciones no tienen intención de seguir cultivando estas tierras. Sólo quedan el almendro y el olivo para el consumo propio. Lo más grave es que en los incendios hemos visto que un campo abandonado se convierte en un reguero de pólvora. Los campos más abandonados han actuado de correa de transmisión del fuego”, señala.

El alcalde está convencido de que “si no sacamos provecho del monte y generamos una estructura económica que permita al menos su mantenimiento, estaremos abocados a que dentro de cinco, diez o quince años suframos otra tragedia igual”.

El fuego siempre se ha dado en los bosques españoles. Ha sido frecuente su uso para quemar rastrojos o hacer limpiezas agrícolas, y se suceden las imprudencias. El problema es que el pequeño porcentaje de incendios catastróficos causa más del 50% de los daños. Porque el bosque se ha convertido en un polvorín. “A diferencia de hace 50 años, es un bosque más peligroso, porque tiene árboles jóvenes mezclados con matorrales cargados con un gran número de ramitas secas y combustible fino, que favorece un fuego intenso que se propaga con gran rapidez y se alimenta continuamente del monte seco”, explica Mariano Torre, jefe del servicio provincial de medio ambiente de la Junta de Castilla-León. Sólo hace falta que se den condiciones meteorológicas críticas (viento, baja humedad, olas de calor) para que se registren incendios explosivos. La sequía prolongada, la gran cantidad de vegetación vulnerable y las olas de calor sucesivas en los meses estivales explican el impacto de los grandes incendios de este año, dice Begoña Nieto, directora general de Desarrollo Rural y Política Forestal del Gobierno.

“La solución pasa necesariamente por manejar el paisaje, gestionar el territorio, porque, de lo contrario, siempre tendremos una bomba a punto de estallar. Es necesario estructurar una vegetación que reduzca el riesgo; garantizar una economía forestal, porque así la población tendrá más interés en que el bosque no se queme”, señala Mariano Torre. Las poblaciones rurales cuyo sustento y actividad económica están relacionados con la conservación de los bosques (Soria, Segovia, Navarra...) son las que más contribuyen a su preservación, se esmeran en lograr esa “estructura forestal de menor riesgo” y registran menos descuidos y accidentes.

“La economía del bosque existe, aunque en niveles bajos; pero es reactivable; y no es complicado”, afirma optimista Rossend Castelló, presidente del Consorcio Forestal de Catalunya, que agrupa a los propietarios de fincas. “Lo que hay que hacer es explotarlo; sacar el combustible. ¿Cómo? Usando la madera”, sentencia. En Catalunya, por ejemplo, el bosque acumula cada año 3,5 millones de metros cúbicos de biomasa, y sólo se aprovechan 0,8 millones; se calcula que se podría aumentar fácilmente esta cifra por encima de 1,5 millones si creciera el consumo de madera y de biomasa forestal y mediante un pequeño aumento en el precio.

“Nuestra propuesta es recuperar el bosque como actividad productiva, porque, pese al abandono del mundo agrícola y ganadero, hay muchas oportunidades”, asegura Joan Rovira, vicepresidente de la Confederación Española de Silvicultores. El camino está por recorrer: falta una industria que cree valor añadido a esa madera.

En los últimos años, ha habido un notable retroceso en el consumo de las materias primas forestales (madera para embalaje y construcción, para fabricación de tablero y pasta de papel); el suministro viene impuesto por la estandarización y la facilidad de comercialización de las grandes industrias y las cooperativas escandinavas. Sólo en Cataluña se cerraron las fábricas de celulosa de Torras Hostench (en Sarrià de Ter) y de Impacsa (en Balaguer); ha desaparecido la industria papelera; apenas hay aserradoras para la construcción (que fabriquen puertas, parquet o mobiliario), y el 90% de la producción va a fabricar palés y embalajes de madera para el transporte de mercancías. El 70% de la madera que se consume en España se importa. En la cornisa cantábrica, el autoabastecimiento puede alcanzar el 50%; pero en Cataluña, por ejemplo, el 80% procede de fuera de la comunidad, recuerda Rovira.

“Debemos consumir madera de proximidad, de kilómetro cero –dice Francisco Cano–. Llegan productos forestales de 3.500 kilómetros de distancia. La mayor parte de la madera procede de los países nórdicos. Es lamentable desde un punto de vista ecológico y económico. Debemos usar nuestra madera, nuestra biomasa, nuestro corcho, consumir nuestros árboles de Navidad, piñones y setas, para lograr que la riqueza forestal revierta en la mejora de nuestros bosques”.

Para hacer el bosque más productivo se necesita llevar a cabo tareas de aclarado y talas selectivas, organizar bosques con menos árboles, de más calidad, más gruesos y más sanos para que la madera sea más apreciada en el mercado.

El mundo forestal deposita grandes esperanzas en el aprovechamiento de la madera para usos energéticos. La biomasa forestal se puede emplear como combustible para las plantas de producción de electricidad, y los restos vegetales y los subproductos de las aserradoras también pueden convertirse en astillas para alimentar calderas para calefacción y para obtener agua caliente para cocinas y baños. “Los aprovechamientos energéticos son básicos para dar un valor a estos subproductos y para que las explotaciones sean rentables”, dice Joan Rovira.

Las expectativas de construir plantas de producción eléctrica, sin embargo, se han venido abajo. Se necesita la ayuda de las primas que venía garantizando el Gobierno (con una retribución adecuada en la tarifa para este modo de producción renovable); pero su decisión de congelar las subvenciones a estas fuentes de energía suscita grandes incertidumbres. La paradoja es que España exporta astillas a Cerdeña para ser consumidas en plantas de electricidad que se benefician de las primas fijadas por el Gobierno italiano.

Más maduro está el mercado para producir agua caliente (para usar en baños), pues han empezado a recurrir a esta opción grandes instalaciones (hoteles, restaurantes, casas de colonias o casas de campo) y puede extenderse a ámbitos domésticos más reducidos, ya que el coste del combustible es una cuarta parte del que supone el gasóleo. Las calderas que usan 2,5 toneladas de biomasa al año, con un coste de 250 euros al año, tienen el mismo aporte calorífico que la calefacción alimentada con un gasóleo que ha costado 1.000 euros. La inversión de una caldera pequeña (suelen costar 2.500 o 3.000 euros, aunque las hay de hasta 16.000) puede amortizarse en tres o cuatro años.

Rossend Castelló aboga por fomentar las inversiones en calderas de biomasa para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y propone que las administraciones fijen una línea de avales para que empresas e instituciones puedan hacer la inversión. Se trataría de favorecer sobre todo a empresas que, pese a tener beneficios y estar saneadas, tienen problemas para obtener préstamos, pero devolverían el crédito gracias al ahorro económico que obtendrían con el cambio de combustible. “Debemos incentivar el consumo de biomasa con este tipo de fórmulas. Y las administraciones lo podrían hacer en escuelas, ayuntamientos y otros edificios públicos”, dice Castelló.

“El monte rentable no arde”, sintetiza Carlos del Álamo, decano del Colegio de Ingenieros de Montes, firme partidario de incentivar con primas la producción forestal para producir electricidad y de que la sociedad reconozca y compense los servicios ambientales de los bosques (filtran el agua, evitan la erosión, fijan CO2, mitigan el calentamiento, dan recreo…). Cree que fórmulas como conceder desgravaciones a los particulares por hacer donativos para la conservación de los bosques, entre otras ventajas fiscales, pueden contribuir a valorar todo lo que el fuego esconde.

En los bosques españoles crecen anualmente 46 millones de metros cúbicos de leña, de los que sólo se aprovechan 19 millones

Mapa Forestal España

visto en diariodesevilla.es


Un 40% de los incendios en España podrían evitarse si se aprovecharan más eficazmente los 46 millones de metros cúbicos de leña de los bosques.

En medio de la peor temporada de incendios en años, cada vez son más las voces que reclaman una mayor apuesta por el uso energético de la biomasa forestal como método de prevención del fuego. Uno de sus mayores defensores es el decano del Colegio de Ingenieros de Montes, Carlos del Alamo, quien no se cansa de repetir que "el monte rentable no arde", y aseguró que la biomasa "es el petróleo verde."

"Es la tragedia de los montes españoles, en casi toda España el monte está abandonado, no hay economía forestal", lamentó del Alamo, que detalla cómo al dejar de aprovecharse la madera, se acumula una cantidad ingente de combustible en los montes que hace que los incendios forestales sean mucho más virulentos y difíciles de apagar. Según del Alamo, en los bosques españoles crecen anualmente 46 millones de metros cúbicos de leña, de los que sólo se aprovechan 19 millones, y asegura que con el aprovechamiento de la biomasa "se podrían evitar hasta un 40% de incendios"."Podemos dejar que la madera se queme de forma incontrolada en un incendio o hacerlo en una central donde produzca energía", añadió.

Según del Alamo, la biomasa crea 10 puestos de trabajo por MW generado; otros cálculos, como el de Asociación Española de valorización energética de la biomasa (AVEBIOM), elevan esa cifra hasta más de 30 empleos: en cualquier caso, es la fuente energética que más puestos de trabajo crea por MW generado. Por su parte, el presidente de AVEBIOM, Javier Díaz González, declaró que "este Gobierno no ha hecho nada por ayudar a que se consuma más biomasa y se conserven mejor los montes".

Además, Díaz aseguró que el nuevo impuesto a la producción eléctrica con biomasa que prepara el Ministerio de Industria "haría inviable el desarrollo de cualquier proyecto y pondría en peligro los que ya están en funcionamiento." Díaz lamentó que "no se pone en valor lo que significa la biomasa", ya que en España "tenemos unos montes fantásticos" que se queman porque están abandonados, y al final hay que gastar "2.000 millones de euros al año en extinción de incendios" en vez de ahorrar ese dinero aprovechando un recurso valioso y generando empleo.

Como opción, Díaz apuntó al uso térmico de la biomasa, por ejemplo en calderas de edificios de viviendas, un uso que está creciendo en España "muy deprisa." "Hacen falta campañas de concienciación y promoción del uso de la biomasa térmica, porque la gente no demanda lo que no conoce, y el ahorro es tan grande que incluso sin subvención el cambio es muy rentable", añadió.

Para estudiar este tema, desde el año 2008 se está desarrollando en Valencia el proyecto Bioenergy & Fire prevention (bioenergía y prevención de incendios), financiado con fondos Life+ de la Unión Europea. Su responsable, el decano del Colegio de Ingenieros de Montes de la Comunidad Valenciana, Fernando Pradells, explicó a EFEverde que el proyecto combina "prevención de incendios forestales, gestión forestal sostenible activa y desarrollo rural."

Según Pradells, "hace 30 años que no hay gestión forestal, la carga térmica de esos montes está subiendo de manera espectacular, y los vecinos están muy preocupados porque saben que el monte puede arder en cualquier momento". Pradells aseguró que se crearían de 15 a 20 puestos de trabajo directos en la industria de generación de energía, y unos 100 puestos de trabajo en el monte, algo que "para un municipio rural es mucho." Así, "se produce un doble beneficio", ambiental por la prevención de incendios, y social por la generación de empleo en el medio rural. "Lo que intentamos con este proyecto es que si hay un incendio, sea mucho más difícil que adquiera grandes dimensiones", y así evitar grandes catástrofes como la de los incendios de Cortes de Pallás y Andilla.


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Con la nueva Ley de Montes de Galicia será más fácil pasar de suelo forestal a agrícola

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La nueva Ley de Montes de Galicia hará "mucho más fácil" pasar de forestal a agrícola el uso de un terreno "que viceversa", al establecer requisitos que provocarán que sean "muy contados los casos" en que la transición se produzca desde las actividades agrarias a otras de tipo forestal.

Así lo han asegurado la consejera de Medio Rural y de Mar, Rosa Quintana y el secretario general de Medio Rural y Montes, Tomás Fernández-Couto, en un desayuno informativo sobre la normativa, que ya inició su tramitación parlamentaria y que el departamento cuenta con tener aprobada a finales de este mes de junio.

En concreto, Tomás Fernández-Couto ha explicado que el dueño de una parcela de monte con matorral, pinares o eucaliptales, podrá cambiar la actividad de su terreno a otra de carácter agrícola con solamente una comunicación a la Xunta, en caso de no superar las 15 hectáreas. Si la superficie es mayor a esta cifra, la Administración tendrá que emitir una autorización.

Pero, en el caso contrario, para dedicar a usos forestales un terreno que hasta el momento tuvo un destino agrícola, la norma pretende fijar un criterio "muy restrictivo", ha asegurado el secretario general.

Así, el propietario tendrá la "obligación previa" de certificar un estado de manifiesto abandono y un periodo igual o superior a dos años de adscripción a un banco de tierras agrarias. Además, únicamente serán susceptible de esta transformación las tierras con frondosas caducifolias y se excluye a los prados.

En cualquiera de los dos casos, el carácter inicial de la parcela --bien sea forestal o agrícola-- no se pierde, de modo que se hace posible la vuelta a los anteriores usos.

Rosa Quintana ha reivindicado que esta regulación persigue favorecer la ampliación de la base territorial de las explotaciones, con la vista puesta en la nueva Política Agraria Común (PAC), que primará las hectáreas de cada unidad productiva para otorgar ayudas. Es decir, se pretende impulsar la transición de actividades forestales a agrarias en el monte gallego, según la consejería.
'SOFOR'

También quiere la Xunta, con la nueva ley, fomentar la constitución de sociedades de fomento forestal --las denominadas 'sofor'--, para cuya creación elaboró un decreto pero que, de momento, solo ha dado lugar a iniciativas que tantean su conformación.

Dichos proyectos, ha apuntado Fernández-Couto, están ligados con la comercialización de la castaña, pero también con la venta de madera y la disposición de pastos.

La Consejería de Medio Rural proyecta, en este extremo, habilitar una línea de subvenciones con cargo a los fondos del Plan de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS) recientemente suscrito entre Xunta y Ministerio de Agricultura y que cuenta con un total de 170 millones de euros para utilizar en el horizonte de 2016.

OTRAS NOVEDADES

El establecimiento de un registro para que "se consoliden" las masas de frondosas caducifolias --especialmente las autóctonas-- es otra de las novedades a la que se han referido ambos mandatarios en su comparecencia ante los medios.

También han aludido a la modificación de ciertos aspectos de la Ley de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, en concreto, al cambio en las distancias de las denominadas 'franjas de gestión de la biomasa forestal'.

El texto que se propone sacar adelante el Gobierno gallego supone rebajar de 100 a 50 metros la franja en torno a edificaciones en la que la vegetación debe estar "controlada" y de 50 a 30 un segundo perímetro en el que no puede haber especies de mayor inflamabilidad, que favorecen el fuego.

Para la consejería, según han expuesto Quintana y Fernández-Couto en el desayuno informativo y en declaraciones a los periodistas al término del mismo, se trata de introducir "un poco de sentido común" en dicha regulación, pues "no es cuestión de distancias, sino que el peligro no debe existir".

"Intentamos dar la mayor seguridad a todos los ciudadanos, independientemente de que tengan sus casas dentro de un núcleo rural, un núcleo urbano o una casa que sea irregular desde el punto de vista urbanístico, pero que también están obligados a mantener unas franjas de seguridad porque es lo que primamos", ha resaltado Rosa Quintana.

CULTIVOS ENERGÉTICOS

En lo que respecta a otro de los puntos que generan polémica entre grupos ecologistas y los partidos de la oposición, los cultivos energéticos en el monte, el responsable de Medio Rural e Montes se ha remitido a una orden que ultima la consejería y que dará desarrollo al decreto en este ámbito, que data de 2007.

Dicho borrador, que ya pasó el periodo de alegaciones y la consejería prevé aprobar "después de verano", plantea topes máximos para este tipo de plantaciones y "límites que en este momento no hay". Será una regulación "más restrictiva" que la estatal, ha afirmado.

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

La máxima responsable en materia de medio rural, por su parte, ha hecho hincapié en que la nueva Ley de Montes --para cuya redacción se partió de dos borradores, uno de 2005 y otro de 2009-- busca ordenar el territorio gallego en lo que concierne al monte.

Esto, con el objetivo de "poner en valor" la masa forestal de Galicia y para posibilitar, entre otras cosas, la certificación de la madera, requisito impuesto por este mercado en el ámbito de la internacionalización.

La norma establece, también, planes de ordenación y de gestión del monte, clarifica las distintas propiedades --establece "claramente" la propiedad privada de los montes vecinales-- y estipula porcentajes de reinversión de los beneficios --en torno al 40% de los ingresos-- en función de la titularidad de los terrenos. "Por primera vez en la historia", ha enfatizado la consejera Quintana.

Por último, la dirigente ha llamado la atención sobre el tiempo de trabajo y el propósito de consenso con los distintos actores involucrados, visualizado en unas 30 reuniones con 20 organizaciones representativas del sector, 347 aportaciones de 37 colectivos o personas, 67 considerandos del Consejo Económico y Social (CES) y más de un 75% de los artículos (170) modificados. "Entendemos que a partir de finales de junio Galicia tendrá una buena noticia, al saber qué es su monte, para qué lo quiere y valorizar un elemento fundamental que atraiga también a la juventud a trabajar de nuevo en las zonas rurales", ha finalizado.

De nuevo las Brigadas (BRIF) del Ministerio sin continuidad laboral

BRIF (Mº de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente - España)

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Marcos Sueiro | Ourense

Las Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales (BRIF), dependientes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, seguirán sin poder actuar como cuerpo dedicado de manera permanente a la prevención y a la extinción de incendios. El Gobierno volverá a prescindir de las brigadas repartidas por el conjunto de la geografía española para evitar la continuidad en el servicio de los trabajadores fijos discontinuos.

Las primeras agrupaciones que se disolverán serán las de Tineo, en Asturias, y Lubia, en Soria, que dejarán de prestar servicios el día 14 de junio, en plena temporada de incendios. No obstante, Agricultura recuperará 15 días más tarde a los despedidos en junio, para suspender de nuevo sus contratos en octubre. Será en este mes precisamente cuando se disuelvan también las unidades de Ourense, León, Cáceres, Ávila, Cuenca, Toledo, Zaragoza y La Palma.

Sin embargo, y según ha podido saber ELMUNDO.es, la subdelegada del Gobierno en Soria, María José Heredia, había confirmado días antes al alcalde de la localidad de Cubo de la Solana que estaba asegurado el trabajo de las brigadas. Días después de esta comunicación, los brigadistas recibieron su cese por carta y fueron los propios trabajadores quienes se pusieron en contacto con la secretaria general de Agricultura, Isabel García Tejerina, quien les comunicó que no podría decirles nada por el momento.

Los profesionales del único cuerpo estatal de lucha contra el fuego vuelven a encontrarse en la misma situación que en la campaña anterior. El año pasado, como adelantó ELMUNDO.es, fueron despedidos por el departamento que dirigía Rosa Aguilar, en plena devastación del Macizo Central gallego. Y este año, a pesar de las promesas de 'populares' y socialistas, seguirán sin prestar el servicio de prevención y extinción de manera permanente.

Algunos de los trabajadores consultados aseguran que "estamos ante una nueva tomadura de pelo" y refuerzan su argumento apuntando que "se inyectan en Bankia 23 millones de euros y no son capaces de destinar 1 ó 2 millones para pagar a unos profesionales que cobran 800 euros".

Para los operarios de la lucha contra el fuego "no es justificable hablar de crisis sino de una mala organización del presupuesto". De hecho, y según los datos facilitados por la propia administración, la partida dedicada a las BRIF aumentó con respecto al ejercicio anterior en más de 2,4 millones de euros al pasar de los 71.868.872,20 euros a 74.300.000 euros. Los trabajadores recibieron la explicación de que la subida se debe a un aumento de los medios materiales contra el fuego, en concreto, de los medios aéreos.

En lo que se refiere a los medios humanos también existen desajustes económicos. La página web del departamento de Agricultura del ministerio publica que la cantidad destinada al personal es de 20.881.167,42 repartidos en nueve meses y medio. Por el contrario, en la página de información del Consejo de Ministros la cifra es de 18.307.977,55 para el mismo periodo. La diferencia entre ambas cantidades es de 2,5 millones de euros, lo que supone 270.000 euros menos cada mes.

Pese a todo, los agentes, agrupados en la Asociación de Trabajadores BRIF, dicen que quieren mantener una actitud de diálogo con las autoridades y persuadir al ministerio de la necesidad de estabilizar los puestos de trabajo al tratarse, dicen, de un servicio público.
Peligrosidad de incendios forestales

La campaña contra incendios se prevé que sea especialmente intensa este verano. La disminución del presupuesto destinado a la prevención y a la extinción en algunas comunidades como Galicia provoca que en los montes sea rápida la proliferación de los incendios forestales.

Distintos agentes forestales consultados afirman que "no se han llevado a cabo tareas de prevención y las intensas lluvias de la pasada primavera han creado el caldo de cultivo perfecto para que la vegetación se convierta en pasto de las llamas".

De hecho, este diario ha comprobado cómo los 59 trabajadores de las BRIF en Galicia se encuentran desbrozando el monte en la zona de Laza, especialmente dañado en los últimos años por los incendios sucesivos de los últimos años.

Los trabajadores forestales prolongan su encierro en la Diputación de Albacete

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Confiaban en poder arrancar un compromiso del presidente de la Diputación, Francisco Núñez. Una misión que se tornó imposible en la tarde de ayer para los representantes sindicales de los 42 trabajadores adscritos al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (Sepei) de la Diputación que realizaban la campaña forestal en la provincia mediante un convenio con la empresa pública Geacam y que se vieron afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la Diputación.

Los trabajadores, personal laboral fijo-discontinuo de la institución provincial, mantendrán, tras la reunión de ayer, el encierro iniciado el martes en el Palacio Provincial.

La responsable de la Sección Sindical de CCOO, María Moreno, explicó que Núñez se negó a retirar el ERE, tal y como solicitaban los sindicatos, o a comprometerse a recolocar a los trabajadores en los parques comarcales que el Sepei tiene en la provincia o en otros servicios de la Diputación tales como talleres.

Capacitados
Moreno insistió en que estos trabajadores son personal de la institución provincial, en concreto del Sepei y que están perfectamente capacitados para desarrollar otras labores ya que entre los 42 trabajadores hay bomberos forestales, mecánicos y conductores. La sindicalista recordó que muchos de estos trabajadores llevan 30 años al servicio de la Diputación e incluso participaron en su día en la formación del Sepei. También subrayó que han trabajado a lo largo de estos años en algunos de los parques comarcales del mismo.

Tanto a los sindicalistas como a los trabajadores la postura del presidente de la Diputación les cayó como un jarro de agua fría al plantearles como única opción la posibilidad de negociar a partir del lunes el ERE.

Además del encierro los trabajadores afectados comenzarán una recogida de firmas en los parques del Sepei en apoyo a sus empleos. Recogida de firmas que ya están realizando en la propia Diputación.

La Diputación de Albacete despide a 42 forestales con un ERE

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Los 42 trabajadores forestales adscritos al Servicio de Extinción y Prevención de Incendios (Sepei) de la Diputación de Albacete se encerraron ayer en el salón de plenos de la institución tras conocer que ha presentado un Expediente de Regulación de Empleo que afecta a todos los fijos-discontinuos.

Los responsables de las secciones sindicales en la Diputación manifestaron su «sorpresa» por los 42 despidos que les han sido comunicados poco antes en una reunión con el diputado de Personal y vicepresidente de la Diputación, Constantino Berruga.

María Moreno, de la sección sindical de CC.OO., explicó que estos 42 trabajadores eran todos los fijos discontinuos que trabajaban en la campaña forestal gracias a un convenio con la entidad pública Geacam. «En la reunión el diputado nos ha dicho que el convenio con Geacam no se firma, no se renueva, y por eso nos presentan un ERE», subrayó.

Por su parte, el secretario de la Sección Sindical de UGT en la Diputación, Nemesio Valcárcel, ha manifestado la «sorpresa» de sindicatos y trabajadores por un ERE, porque hace poco se firmó el convenio colectivo de la Diputación y «el propio diputado de Personal dijo que no peligraba ningún puesto de trabajo y que suponía ahorrar 23 millones de euros en cuatro años».

Valcárcel dijo sentirse «tremendamente engañado» por Berruga y señaló que en la misma reunión el diputado reconoció «que no hay razones económicas ni organizativas para presentar el ERE», porque «en verdad han hecho un despido colectivo».

El dirigente de UGT anunció que presentarán una demanda contra el expediente de regulación de empleo.

Nemesio Valcárcel añadió que la Diputación «ha esperado a este momento, a la reforma laboral para poder hacer esto», ya que con la reforma la regulación de empleo no requiere la autorización de Trabajo y solo puede ser reclamada en el juzgado.

La crisis aumenta la siniestraliedad en el sector forestal

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El Instituto de Galego de Seguridade e Saúde Laboral ha constatado que el índice de siniestralidad en el sector forestal de Galicia ha crecido en un 10,12% en el último año, mientras que en el resto de los sectores productivos la tendencia ha sido la contraria. Por este motivo, el Issga pone en marcha un programa de prevención de riesgos laborales específico para el sector forestal. Ana Oróns, secretaria general de Confemadera–Galicia comprometió todo el esfuerzo del sector para «conseguir la siniestralidad cero, dentro de un sector como el forestal que entraña sus riesgos». La actividad forestal, que se ha mantenido durante 2011, «ha incorporado trabajadores por cuenta propia de sectores en crisis como la construcción, sin la debida formación profesional, de ahí el incremento de siniestralidad registrado en el último año», apunta. En Galicia se realizan el 50% de las cortas de toda España, correspondiendo a Lugo el mayor volumen de madera.

Futuro incierto de los trabajadores BRIF (España)

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Los diez grupos BRIF (Brigadas de Refuerzo contra los Incendios Forestales) continúan sin conocer cuál va ser su destino final y si el nuevo gobierno contará con ellos en la planificación de la lucha contra el fuego. Desde finales del mes de octubre del pasado año han dejado de prestar sus servicios en sus respectivos puestos, mientras intentan obtener información sobre el plan que para ellos tiene el ministro Miguel Arias Cañete.

A propósito de la información publicada este jueves en ELMUNDO.es, representantes de la Asociación de Trabajadores BRIF intentaron ponerse en contacto con los responsables del Ministerio de Agricultura vía telefónica y a través del correo electrónico, pero todavía no han recibido respuesta.
Sin embargo, los propios operarios han confirmado a este medio que la diputada popular por Ourense, Ana Belén Vázquez, sigue el tema con interés y se ha comprometido a intermediar con el ministro. Recuerdan que fue el propio PP quien presentó una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados el pasado 9 de abril 2010 instando al Gobierno a "garantizar la continuidad de las BRIF en todo el territorio nacional".


Finalmente, la iniciativa parlamentaria no salió adelante porque no contó con el apoyo de la entonces mayoría socialista. Sí tuvo suerte la presentada por el BNG en el Senado el 16 de abril de 2010, que consiguió la mayoría de los votos en la Cámara Alta aunque el Gobierno también, en este caso, hiciese oídos sordos del mandato parlamentario.

La que sí se ha manifestado es la ex secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, que acudiendo a las redes sociales ha contestado a uno de los peones: "no sé como está el tema pero supongo que todo estará resuelto o a punto. Un abrazo”. La ex alto cargo socialista sostiene que "no creo que ningún gobierno corra el riesgo de no contar con las BRIF".

Tampoco quiere quedarse sin brigadas el alcalde popular de Laza, José Ramón Barreal, que ha transmitido a los trabajadores su deseo de su pronta incorporación y hace gestiones ante los diputados de su partido para que el servicio se reanude lo antes posible.

Por su parte, los ecologistas, que se han reunido esta semana con Arias Cañete, también se solidarizan con las BRIF y han insistido en la necesidad de fomentar las medidas de prevención contra los incendios forestales. Tanto Greenpeace, como Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra y WWF consideran que la limpieza de los montes es vital para evitar la propagación de incendios forestales.

Incluso los trabajadores también manifiestan su inquietud porque "no se están llevando a cabo las medidas de prevención necesarias en la limpieza de montes y caminos que ya hubiéramos realizado en circunstancias normales".

Los trabajadores de Geacam aplazan su huelga al día 30 de enero

visto en abc.es


Ciudad Real, 16 ene (EFE).- Los sindicatos de la empresa pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, GEACAM, han decidido aplazar al día 30 de enero la huelga que inicialmente tenían prevista para el 25 de enero y reiteran su exigencia al Gobierno regional para que mantenga los empleos en sus actuales condiciones.

Así lo han anunciado hoy los responsables de Fitag-UGT Jesús Rodríguez y Alfredo Nieto; el secretario de Organización de la Federación Agroalimentaria de CCOO en Castilla-La Mancha, Demetrio Muñoz y el miembro de la sección sindical de Geacam en Ciudad Real, Francisco Javier Terriza.

Fuentes de los convocantes han precisado a Efe que la convocatoria se ha pospuesto para dar cumplimiento a los plazos legales de la convocatoria.

Además, los sindicatos han subrayado que las concentraciones anunciadas para el día 18 de enero se mantienen tal y como hasta ahora, es decir, habrá concentraciones de trabajadores de GEACAM en las cinco capitales de la región el 18 de enero.

Asimismo, han mostrado su total rechazo a los 59 despidos comunicados recientemente, así como a la amenaza de despido que existe sobre el personal administrativo y técnico.

Además, también ha hecho público su rechazo a la amenaza de otros 500 despidos o la conversión de contratos en temporales durante ocho meses para los trabajadores de la extinción, que hasta ahora trabajaban doce meses al año.

Han señalado que las conversaciones mantenidas con la responsable de Agricultura en la región no han sido fructíferas y han recordado que el pasado domingo remitieron a todos los ayuntamientos de la región un documento explicando las pretensiones del Gobierno regional y una propuesta de moción para que los consistorios locales les apoyen. EFE

Recortes de personal forestal en la Comunitat Valenciana

visto en levante-emv.com


J.SIERRA VALENCIA
La sección sindical de CC.OO en Vaersa denunció ayer la creación de dos puestos de jefe de división sin consignación presupuestaria y de libre designación que contrastan con el despido hace unas semanas de 42 trabajadores empleados en la vigilancia forestal.
El motivo que alegó la dirección de Vaersa para efectuar los despidos fue el ahorro.
El sindicato califica de "muy grave" la decisión de contratar a estos dos asesores, "sobre todo tras el recorte de efectivos en la prevención de incendios forestales".

El sindicato recuerda que el director general de Vaersa es nombrado por la presidenta del Consejo de Administración, la Consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, a quien hace responsable políticamente de estas decisiones.

Los 42 trabajadores fueron despedidos en diciembre via SMS, alegando motivos económicos. CC.OO ha presentado un recurso contra estos hechos que, de prosperar, "podrían declarar nula la acción y obligaría a la Generalitat Valenciana a pagar los salarios, aunque estos no hubieran trabajado".
Según el sindicato, otros 13 trabajadores de la Dirección General de Calidad Ambiental finalizaron su contrato el día 31 de diciembre por "motivos económicos". Además se ha reducido la plantilla "efectiva" de mantenimiento, equipos técnicos y de guías en un 25% en los parques y espacios naturales.

Manifestaciones en Castilla-La Mancha en defensa de lo público

Mañana, día 21 de diciembre en las principales ciudades de Castilla-La Mancha y sin precedentes por la convocatoria unificada de los sindicatos

ALBACETE

CIUDAD REAL

CUENCA

GUADALAJARA

TALAVERA DE LA REINA

TOLEDO

FITAG UGT se opone rotundamente a los despidos y recortes que GEACAM planea para los trabajadores forestales

visto en lacomarcadepuertollano.com


GEACAM se ha reunido con los cuatro sindicatos con representación en la empresa pública de gestión medioambiental de Castilla la Mancha. Su objetivo era poner sobre la mesa una serie de recortes que destruirían empleo y dejarían los montes de la región desprotegidos.

UGT ha sido tajante y se niega a aceptar tales condiciones. Insta a la empresa a negociar, pero se opone a que los recortes acaben con el empleo en un sector vital para el mantenimiento del medio ambiente, de los recursos forestales y del entorno rural.

En la reunión celebrada esta mañana con los sindicatos, la dirección de GEACAM ha declarado la necesidad de recortar los gastos en el sector forestal y medio ambiente en dispositivos contra incendios en un 52%. Así, de los 150 millones de euros que se presupuestaron para el sector, Castilla la Mancha va a emplear este año 74 millones. Propone hacerlo por tres vías posibles:

1) Un ERE de extinción de 600 personas

2) Limitar los dispositivos a 7 u 8 meses al año

3) Voluntariamente, rescisión de contratos, prejubilaciones, aceptación del fijo discontinuo.

Además, la empresa pone sobre la mesa la reducción del 30% del personal de Asistencias.

La empresa expone estas condiciones y no se muestra abierta a negociar con los trabajadores.

FITAG UGT no está dispuesta a aceptar que GEACAM destruya empleo en el sector forestal y ambiental, que ha demostrado ser vital. Defiende la conservación del 100% del empleo, por tanto está dispuesta a negociar cuando la empresa elimine estas condiciones previas y busque alternativas.

Los sindicatos han exigido a GEACAM que les informe de los costes que suponen los salarios de los trabajadores, y el pliego de condiciones para estudiar la situación actual y así conseguir un acuerdo viable y más justo, evitando acabar con muchos puestos de trabajo en Castilla la Mancha.

El Gobierno Regional está enfocando sus políticas a la privatización de la gestión de los montes, que va a perjudicar a las zonas rurales, y afectará a más de 2.500 trabajadores. UGT no va a permitir que la empresa imponga unas condiciones sin haber negociado antes, y va a defender el empleo en el sector hasta el final. Así, anuncia ya el comienzo de su movilización con una concentración el próximo 19 de diciembre frente a la Consejería de Agricultura en Toledo.