La ecotasa asturiana por ocupar los montes «no es redistributiva» porque se aplica independientemente de la renta del sujeto pasivo y tampoco «tiene un afán recaudatorio», defiende Aurelio Martín. Su objetivo es medioambiental y a tal efecto contempla desgravaciones de hasta el 30% para las compañías que acometan por su cuenta inversiones en «restauración hidrológica forestal o medioambiental, creación de nuevos pastizales bajo los tendidos eléctricos o actuaciones de aprovechamiento de la biomasa forestal». Eso sí, para aprovecharse de esta deducción, las compañías deben informar antes a la consejería para que valore la oportunidad del gasto.
Según consta en la memoria económica, las empresas más perjudicadas por el tributo serían las eléctricas, propietarias en Asturias de unos 10.000 kilómetros de tendido. Las de alta tensión se gravarían a 3.000 euros el kilómetro, las de media a 1.500 y los de baja a 500. En total, Medio Rural confía en recaudar 10 millones de euros. El segundo sector afectado es el de los gaseoductos y oleoductos. La consejería estima que hay unos 500 kilómetros de estas instalaciones a las que se pretende cargas con 3.000 euros por kilómetro. En total aportarían 1,5 millones al Principado.
Como ya se ha dicho, en función del desarrollo del sector eólico, su aportación a la ecotasa regional se estima entre 1,16 millones y 1,7.
El proyecto de ley también aspira a llegar hasta los repetidores, postes, transformadores, paneles y estaciones de medición. Descontando las de titularidad pública, quedaría una recaudación por este capítulo de 669.500 euros.
La memoria habla de 1.000 kilómetros de cable telefónico situado en montes de la región, lo que gravaría a las operadoras con 500.000 euros anuales. Cabe matizar que los cálculos realizados por el profesor de la Universidad de Oviedo Roberto Fernández Llera se realizaron sin disponer de los censos exactos en poder de la Consejería de Industria, que no fue informada de este proyecto de ley.
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