La Federación de Servicios Públicos de UGT ha mostrado su disconformidad con la «discriminación» a que, su juicio, Medio Ambiente sigue sometiendo al agente forestal que en noviembre del 2008 denunció la roturación ilegal de dos hectáreas de la reserva natural de los Sotos de Alfaro por parte del cuñado de la consejera, Aránzazu Vallejo.
Según recuerda la central, aquel episodio derivó en una investigación interna sobre la actitud del funcionario y la apertura de hasta tres expedientes contra él: uno por un presunto incumplimiento del horario laboral dado que se habían incluido varios comentarios personales en el blog que mantiene abierto en larioja.com durante horas de trabajo; otro, por la supuesta manipulación de los sistemas instalados en el vehículo que emplea; y un tercero, por una posible falta grave de «desconsideración» con el jefe de Servicio de Gestión Forestal que había dirigido el procedimiento.
El caso mereció el respaldo de 29 de los compañeros del damnificado quienes, a través de un escrito de protesta dirigido al mismo alto cargo de la Consejería, suscribieron el grueso de las declaraciones de su colega y denunciaron una «persecución laboral». UGT afirma que la Secretaría General Técnica les solicitó entonces que pidieran individualmente disculpas para evitar así una sanción disciplinaria.
Cuatro meses después del inicio del caso, dos de los expedientes abiertos al agente forestal que suscitó esta coyuntura han sido sobreseídos. Se mantiene vivo, sin embargo, el referido a las declaraciones vertidas sobre su superior a pesar de que manifestó por escrito sus disculpas personales. El sindicato considera que existe una clara «discriminación» hacia su persona dado que la Consejería ha decidido, por el contrario, aparcar finalmente los expedientes abiertos a los otros 29 trabajadores por la misma causa.
Cuatro meses
La sanción propuesta se mantiene así en cuatro meses de suspensión de empleo y sueldo. La Consejería de Administraciones Públicas es la que ahora tiene que decidir si refrenda la petición o, por el contrario, la deja sin efecto anulando así todas las vías abiertas. FSP-UGT insiste en que detrás del caso subyace una «persecución laboral» sobre un profesional con 20 años de trayectoria que, además de intervenir en la denuncia contra el cuñado de la consejera, lideró las protestas laborales de su colectivo entre el 2006 y el 2007. La central apoya esta percepción en el hecho de que las acusaciones contra el agente partieran de la queja formulada por una empresa que el afectado había denunciado previamente por destruir 4,5 hectáreas de bosque junto al parque del Cidacos, en Calahorra.
La Consejería de Medio Ambiente declinó ofrecer declaraciones al respecto arguyendo que no realiza valoraciones sobre expedientes internos abiertos.
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