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Guadalajara, 12 jul (EFE).- La acusación particular de ocho familias de las once víctimas del incendio de Guadalajara pide penas de siete años de prisión para los técnicos forestales de la Junta de Castilla-La Mancha, mientras que para los cargos políticos y los excursionistas que prendieron la barbacoa solicita tres años.
Así figura en el escrito de acusación provisional, de 122 folios a parte del cual ha tenido acceso EFE, de los letrados del despacho Solano y Martínez de Tejada, que representan a la mayoría de las familias.
Estos solicitan un total de siete años de cárcel para cada uno de los siete técnicos de la Junta por los delitos de incendio forestal por imprudencia (tres años de cárcel) y otro de homicidio por imprudencia en concurso con otro contra la seguridad de los trabajadores (cuatro años).
En el escrito se pide también para los tres excursionistas que participaron en prender la barbacoa la pena de tres años de prisión por un incendio por imprudencia, la misma condena que para los ex altos cargos de la Junta como la entonces consejera de Medio Ambiente Rosario Arévalo.
Entre estos también se encuentra el que fuera director del Medio Natural, José Ignacio Nicolás, que dimitió tras el último auto de la jueza de Sigüenza, María del Mar Lorenzo, o el entonces delegado de Medio Ambiente en Guadalajara, Sergio David González.
Para el representante legal de Tragsa, Luis Miguel Carrascal, además de tres años por incendio por imprudencia, piden dos años y seis meses por delito contra la seguridad de los trabajadores.
De las 20 personas a las que en su auto imputa la jueza de Sigüenza, el despacho Solano acusa a 18 -las mismas que el PP-, y para todos ellos (técnicos, excursionistas y políticos) pide también una multa de doce meses a razón de 200 euros diarios.
Frente a estas peticiones, el fiscal sólo considera culpable de este suceso que acabó con la vida de once miembros de un retén y la pérdida de cerca de 13.000 hectáreas al excursionista que prendió la barbacoa.
Por su parte, la Junta considera como únicos responsables a los tres excursionistas imputados, para quienes pide más de siete años de cárcel por un delito de incendio forestal por imprudencia grave.
En el escrito de acusación provisional de los letrados de las familias se acusa a los técnicos de no haber actuado a tiempo, siendo los responsables de las labores de extinción del fuego y quienes determinan la movilización de los retenes, y de mandar entrar al retén de Cogolludo donde "no deberían haber entrado nunca", han asegurado fuentes del despacho Solano.
También han criticado la falta de medidas adoptadas inicialmente frente al incendio, el que no se siguiera el plan de emergencia y se "privara" de información al retén cuando iba a entrar en la zona de la que ya no salieron.
Sobre los tres excursionistas a los que acusa, en el escrito de calificación provisional no se les hace responsables de homicidio por imprudencia.
En el escrito, en el que se piden indemnizaciones diferentes para cada uno de los casos, se relatan los hechos acaecidos y la intervención de cada uno de los acusados y se solicita que se siga con el procedimiento abreviado porque entienden que la pena en abstracto de incendio forestal no supera en ningún momento los cinco años.
Por otra parte, contra el auto de imputación de la jueza de Sigüenza se presentó un recurso de reforma por parte de los imputados, pero al no darles la razón, estos han apelado ante la Audiencia, que ahora tendrá que determinar quienes de los veinte mantienen la condición de imputados.
Una vez que se conozca este extremo, la juez de Sigüenza tendrá que resolver si acuerda la apertura de juicio oral y contra quien la acuerda, y si mantiene que el procedimiento sea competencia de la Audiencia o del Juzgado de lo Penal, o que sea sumario, que es lo que pide el fiscal.
El próximo 17 de julio se cumplirán cuatro años desde que a causa de un fuego originado en una barbacoa de un paraje de la Cueva de los Casares, en Riba de Saelices, ardieran cerca de 13.000 hectáreas y murieran once miembros del retén de Cogolludo (Guadalajara). EFE
Guadalajara, 12 jul (EFE).- La acusación particular de ocho familias de las once víctimas del incendio de Guadalajara pide penas de siete años de prisión para los técnicos forestales de la Junta de Castilla-La Mancha, mientras que para los cargos políticos y los excursionistas que prendieron la barbacoa solicita tres años.
Así figura en el escrito de acusación provisional, de 122 folios a parte del cual ha tenido acceso EFE, de los letrados del despacho Solano y Martínez de Tejada, que representan a la mayoría de las familias.
Estos solicitan un total de siete años de cárcel para cada uno de los siete técnicos de la Junta por los delitos de incendio forestal por imprudencia (tres años de cárcel) y otro de homicidio por imprudencia en concurso con otro contra la seguridad de los trabajadores (cuatro años).
En el escrito se pide también para los tres excursionistas que participaron en prender la barbacoa la pena de tres años de prisión por un incendio por imprudencia, la misma condena que para los ex altos cargos de la Junta como la entonces consejera de Medio Ambiente Rosario Arévalo.
Entre estos también se encuentra el que fuera director del Medio Natural, José Ignacio Nicolás, que dimitió tras el último auto de la jueza de Sigüenza, María del Mar Lorenzo, o el entonces delegado de Medio Ambiente en Guadalajara, Sergio David González.
Para el representante legal de Tragsa, Luis Miguel Carrascal, además de tres años por incendio por imprudencia, piden dos años y seis meses por delito contra la seguridad de los trabajadores.
De las 20 personas a las que en su auto imputa la jueza de Sigüenza, el despacho Solano acusa a 18 -las mismas que el PP-, y para todos ellos (técnicos, excursionistas y políticos) pide también una multa de doce meses a razón de 200 euros diarios.
Frente a estas peticiones, el fiscal sólo considera culpable de este suceso que acabó con la vida de once miembros de un retén y la pérdida de cerca de 13.000 hectáreas al excursionista que prendió la barbacoa.
Por su parte, la Junta considera como únicos responsables a los tres excursionistas imputados, para quienes pide más de siete años de cárcel por un delito de incendio forestal por imprudencia grave.
En el escrito de acusación provisional de los letrados de las familias se acusa a los técnicos de no haber actuado a tiempo, siendo los responsables de las labores de extinción del fuego y quienes determinan la movilización de los retenes, y de mandar entrar al retén de Cogolludo donde "no deberían haber entrado nunca", han asegurado fuentes del despacho Solano.
También han criticado la falta de medidas adoptadas inicialmente frente al incendio, el que no se siguiera el plan de emergencia y se "privara" de información al retén cuando iba a entrar en la zona de la que ya no salieron.
Sobre los tres excursionistas a los que acusa, en el escrito de calificación provisional no se les hace responsables de homicidio por imprudencia.
En el escrito, en el que se piden indemnizaciones diferentes para cada uno de los casos, se relatan los hechos acaecidos y la intervención de cada uno de los acusados y se solicita que se siga con el procedimiento abreviado porque entienden que la pena en abstracto de incendio forestal no supera en ningún momento los cinco años.
Por otra parte, contra el auto de imputación de la jueza de Sigüenza se presentó un recurso de reforma por parte de los imputados, pero al no darles la razón, estos han apelado ante la Audiencia, que ahora tendrá que determinar quienes de los veinte mantienen la condición de imputados.
Una vez que se conozca este extremo, la juez de Sigüenza tendrá que resolver si acuerda la apertura de juicio oral y contra quien la acuerda, y si mantiene que el procedimiento sea competencia de la Audiencia o del Juzgado de lo Penal, o que sea sumario, que es lo que pide el fiscal.
El próximo 17 de julio se cumplirán cuatro años desde que a causa de un fuego originado en una barbacoa de un paraje de la Cueva de los Casares, en Riba de Saelices, ardieran cerca de 13.000 hectáreas y murieran once miembros del retén de Cogolludo (Guadalajara). EFE
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