Los medios para la extinción de incendios forestales en la C. Valenciana 2012

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VALENCIA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, ha asegurado este jueves que el Consell está actuando "desde el minuto cero" en el cuidado de los montes, paisajes y bosques de la Comunitat y ha indicado que "protegemos el pulmón verde de la Comunitat con más 11.000 efectivos y una inversión de 95 millones".

El jefe del Consell se ha referido en estos términos en la presentación de medios para la campaña de prevención y extinción de incendios forestales, que ha tenido lugar en Siete Aguas (Valencia), según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Alberto Fabra ha indicado que el Consell entiende la política de protección civil, gestión de emergencias y lucha contra los incendios forestales como "mejor política social que puede haber", pues es un servicio público dirigido al bienestar de las personas y a garantizar su seguridad, su integridad y su vida.

El dispositivo que se ha presentado incluye 22 medios aéreos de extinción --diez helicópteros y doce aviones--; más de 1.000 vehículos; 43 brigadas de emergencia de la Generalitat, de las que, como novedad, prácticamente todas, 39, llevarán autobomba; y 90 agentes de la Policía de la Generalitat.

Además, un total de 122 unidades de prevención participarán en la labor de velar por la protección de nuestras masas forestales, así como 69 observatorios forestales y 200 puntos de vigilancia forestal conforman toda una red estratégica de vigilancia para la detección y confirmación de cualquier conato de incendio. Un total de 11.000 efectivos vigilarán, las 24 horas del día, por tierra y por aire, los montes de la Comunitat.

Asimismo, Fabra ha informado que ese año se han integrado los servicios de extinción y los de prevención de incendios forestales --antes dependientes de Medio Ambiente-- con el objetivo de mejorar la coordinación y de potenciar al máximo su complementariedad y sinergias, "para poder defender de forma más eficiente nuestro medio ambiente".

COMPLICIDAD Y COLABORACIÓN

El presidente de la Generalitat ha realizado un llamamiento a todos los ciudadanos para que extremen las precauciones y ha instado a hacer "un buen uso" de bosques y montes porque "son patrimonio de todos". "La Administración está para proteger y ayudar a conservar, pero eso no es posible si no hay complicidad y colaboración por parte de los ciudadanos", ha matizado.

También ha destacado que en los últimos años se ha incrementado la eficacia y se han reducido las hectáreas afectadas por el fuego gracias a "las rápidas intervenciones" de los equipos de prevención y a la capacidad de reacción. Por último, ha agradecido a todos los efectivos que trabajan en la prevención y extinción de incendios su trabajo "por estar todos los días velando por la seguridad de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana".

Programa de cría en cuatividad del cangrejo de río autóctono en Andalucía

juveniles de cangrejo autóctono (Austropotamobius pallipes)

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SEVILLA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente del Gobierno andaluz está centrando en la actualidad sus esfuerzos en la conservación ex situ del cangrejo de río con el objeto de obtener decenas de miles de ejemplares para su posterior reintroducción en el medio natural de una especie que a día de hoy presenta graves problemas de conservación en el medio ambiente.

Así, la Administración andaluza, tras acometer actuaciones de control del hábitat y llevar a cabo las traslocaciones --movimientos de ejemplares entre tramos de ríos-- en los últimos años, ha propiciado con estas iniciativas que actualmente subsistan cerca de un centenar de poblaciones del cangrejo de río autóctono, lo que prácticamente implica haber triplicado el número de poblaciones durante la última década.

Las nuevas poblaciones ocupan tramos fluviales muy exiguos, con baja densidad de ejemplares, fundamentalmente debido sobre todo a que, las traslocaciones se realizaban con un número de ejemplares que raras veces sobrepasaba el centenar. Por esta razón, los esfuerzos que actualmente realiza la Administración andaluza se centran en la conservación ex situ, con el objeto de obtener decenas de miles de ejemplares para su posterior reintroducción en el medio natural.

Actualmente, según la información de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, recogida por Europa Press, existen tres centros de cría y conservación de especies de aguas epicontinentales dependientes de la Administración andaluza, ubicados en La Ermita, en el término municipal de Huétor Santillán (Granada), Los Villares, en Cerro Muriano (Córdoba) y Borosa, en Cazorla (Jaén).

En concreto, el primero de ellos se encuentra actualmente en fase de pruebas después de que hayan finalizado las obras en sus instalaciones, que prevén una producción estimada de 50.000 truchas y otros 50.000 cangrejos de río anualmente, cantidades que servirán para recuperar todos los tramos potenciales identificados previamente en el territorio andaluz.

Dichos centros se coordinan para la cría de especies recogidas en el Plan de Recuperación y Conservación de Peces e Invertebrados de Medios Acuáticos Epicontinentales. En este marco, durante el año 2011 se desplazaron al centro de cultivo de La Ermita, 28 hembras ovadas procedentes de dos líneas genéticas diferenciadas, fruto de las cuáles actualmente se han obtenido cerca de 400 ejemplares juveniles de casi un año de edad, que se suman a los casi 130 ejemplares adultos de nueva incorporación en el 2012.

Inicialmente se están ensayando métodos de cultivo intensivo en bateas con pienso suplementado con artemia, y cultivos semiextensivos en estanques exteriores naturalizados con suplementos de pienso. El objeto de ambas experiencias es optimizar los procesos para obtener el máximo rendimiento.

Paralelamente el Centro servirá de reservorio de las diferentes líneas genéticas identificadas por el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que detectó haplotipos singulares en Andalucía no presentes en el resto de poblaciones ibéricas y europeas analizadas. El objetivo último de estas actuaciones persigue obtener una producción suficiente de varias decenas de miles de juveniles al año, para reintroducir la especie en más de un centenar de tramos potenciales identificados gracias a las actuaciones realizadas desde el Programa de actuaciones para la recuperación del cangrejo de río en Andalucía.

Con la nueva Ley de Montes de Galicia será más fácil pasar de suelo forestal a agrícola

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La nueva Ley de Montes de Galicia hará "mucho más fácil" pasar de forestal a agrícola el uso de un terreno "que viceversa", al establecer requisitos que provocarán que sean "muy contados los casos" en que la transición se produzca desde las actividades agrarias a otras de tipo forestal.

Así lo han asegurado la consejera de Medio Rural y de Mar, Rosa Quintana y el secretario general de Medio Rural y Montes, Tomás Fernández-Couto, en un desayuno informativo sobre la normativa, que ya inició su tramitación parlamentaria y que el departamento cuenta con tener aprobada a finales de este mes de junio.

En concreto, Tomás Fernández-Couto ha explicado que el dueño de una parcela de monte con matorral, pinares o eucaliptales, podrá cambiar la actividad de su terreno a otra de carácter agrícola con solamente una comunicación a la Xunta, en caso de no superar las 15 hectáreas. Si la superficie es mayor a esta cifra, la Administración tendrá que emitir una autorización.

Pero, en el caso contrario, para dedicar a usos forestales un terreno que hasta el momento tuvo un destino agrícola, la norma pretende fijar un criterio "muy restrictivo", ha asegurado el secretario general.

Así, el propietario tendrá la "obligación previa" de certificar un estado de manifiesto abandono y un periodo igual o superior a dos años de adscripción a un banco de tierras agrarias. Además, únicamente serán susceptible de esta transformación las tierras con frondosas caducifolias y se excluye a los prados.

En cualquiera de los dos casos, el carácter inicial de la parcela --bien sea forestal o agrícola-- no se pierde, de modo que se hace posible la vuelta a los anteriores usos.

Rosa Quintana ha reivindicado que esta regulación persigue favorecer la ampliación de la base territorial de las explotaciones, con la vista puesta en la nueva Política Agraria Común (PAC), que primará las hectáreas de cada unidad productiva para otorgar ayudas. Es decir, se pretende impulsar la transición de actividades forestales a agrarias en el monte gallego, según la consejería.
'SOFOR'

También quiere la Xunta, con la nueva ley, fomentar la constitución de sociedades de fomento forestal --las denominadas 'sofor'--, para cuya creación elaboró un decreto pero que, de momento, solo ha dado lugar a iniciativas que tantean su conformación.

Dichos proyectos, ha apuntado Fernández-Couto, están ligados con la comercialización de la castaña, pero también con la venta de madera y la disposición de pastos.

La Consejería de Medio Rural proyecta, en este extremo, habilitar una línea de subvenciones con cargo a los fondos del Plan de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS) recientemente suscrito entre Xunta y Ministerio de Agricultura y que cuenta con un total de 170 millones de euros para utilizar en el horizonte de 2016.

OTRAS NOVEDADES

El establecimiento de un registro para que "se consoliden" las masas de frondosas caducifolias --especialmente las autóctonas-- es otra de las novedades a la que se han referido ambos mandatarios en su comparecencia ante los medios.

También han aludido a la modificación de ciertos aspectos de la Ley de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, en concreto, al cambio en las distancias de las denominadas 'franjas de gestión de la biomasa forestal'.

El texto que se propone sacar adelante el Gobierno gallego supone rebajar de 100 a 50 metros la franja en torno a edificaciones en la que la vegetación debe estar "controlada" y de 50 a 30 un segundo perímetro en el que no puede haber especies de mayor inflamabilidad, que favorecen el fuego.

Para la consejería, según han expuesto Quintana y Fernández-Couto en el desayuno informativo y en declaraciones a los periodistas al término del mismo, se trata de introducir "un poco de sentido común" en dicha regulación, pues "no es cuestión de distancias, sino que el peligro no debe existir".

"Intentamos dar la mayor seguridad a todos los ciudadanos, independientemente de que tengan sus casas dentro de un núcleo rural, un núcleo urbano o una casa que sea irregular desde el punto de vista urbanístico, pero que también están obligados a mantener unas franjas de seguridad porque es lo que primamos", ha resaltado Rosa Quintana.

CULTIVOS ENERGÉTICOS

En lo que respecta a otro de los puntos que generan polémica entre grupos ecologistas y los partidos de la oposición, los cultivos energéticos en el monte, el responsable de Medio Rural e Montes se ha remitido a una orden que ultima la consejería y que dará desarrollo al decreto en este ámbito, que data de 2007.

Dicho borrador, que ya pasó el periodo de alegaciones y la consejería prevé aprobar "después de verano", plantea topes máximos para este tipo de plantaciones y "límites que en este momento no hay". Será una regulación "más restrictiva" que la estatal, ha afirmado.

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

La máxima responsable en materia de medio rural, por su parte, ha hecho hincapié en que la nueva Ley de Montes --para cuya redacción se partió de dos borradores, uno de 2005 y otro de 2009-- busca ordenar el territorio gallego en lo que concierne al monte.

Esto, con el objetivo de "poner en valor" la masa forestal de Galicia y para posibilitar, entre otras cosas, la certificación de la madera, requisito impuesto por este mercado en el ámbito de la internacionalización.

La norma establece, también, planes de ordenación y de gestión del monte, clarifica las distintas propiedades --establece "claramente" la propiedad privada de los montes vecinales-- y estipula porcentajes de reinversión de los beneficios --en torno al 40% de los ingresos-- en función de la titularidad de los terrenos. "Por primera vez en la historia", ha enfatizado la consejera Quintana.

Por último, la dirigente ha llamado la atención sobre el tiempo de trabajo y el propósito de consenso con los distintos actores involucrados, visualizado en unas 30 reuniones con 20 organizaciones representativas del sector, 347 aportaciones de 37 colectivos o personas, 67 considerandos del Consejo Económico y Social (CES) y más de un 75% de los artículos (170) modificados. "Entendemos que a partir de finales de junio Galicia tendrá una buena noticia, al saber qué es su monte, para qué lo quiere y valorizar un elemento fundamental que atraiga también a la juventud a trabajar de nuevo en las zonas rurales", ha finalizado.

De nuevo las Brigadas (BRIF) del Ministerio sin continuidad laboral

BRIF (Mº de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente - España)

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Marcos Sueiro | Ourense

Las Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales (BRIF), dependientes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, seguirán sin poder actuar como cuerpo dedicado de manera permanente a la prevención y a la extinción de incendios. El Gobierno volverá a prescindir de las brigadas repartidas por el conjunto de la geografía española para evitar la continuidad en el servicio de los trabajadores fijos discontinuos.

Las primeras agrupaciones que se disolverán serán las de Tineo, en Asturias, y Lubia, en Soria, que dejarán de prestar servicios el día 14 de junio, en plena temporada de incendios. No obstante, Agricultura recuperará 15 días más tarde a los despedidos en junio, para suspender de nuevo sus contratos en octubre. Será en este mes precisamente cuando se disuelvan también las unidades de Ourense, León, Cáceres, Ávila, Cuenca, Toledo, Zaragoza y La Palma.

Sin embargo, y según ha podido saber ELMUNDO.es, la subdelegada del Gobierno en Soria, María José Heredia, había confirmado días antes al alcalde de la localidad de Cubo de la Solana que estaba asegurado el trabajo de las brigadas. Días después de esta comunicación, los brigadistas recibieron su cese por carta y fueron los propios trabajadores quienes se pusieron en contacto con la secretaria general de Agricultura, Isabel García Tejerina, quien les comunicó que no podría decirles nada por el momento.

Los profesionales del único cuerpo estatal de lucha contra el fuego vuelven a encontrarse en la misma situación que en la campaña anterior. El año pasado, como adelantó ELMUNDO.es, fueron despedidos por el departamento que dirigía Rosa Aguilar, en plena devastación del Macizo Central gallego. Y este año, a pesar de las promesas de 'populares' y socialistas, seguirán sin prestar el servicio de prevención y extinción de manera permanente.

Algunos de los trabajadores consultados aseguran que "estamos ante una nueva tomadura de pelo" y refuerzan su argumento apuntando que "se inyectan en Bankia 23 millones de euros y no son capaces de destinar 1 ó 2 millones para pagar a unos profesionales que cobran 800 euros".

Para los operarios de la lucha contra el fuego "no es justificable hablar de crisis sino de una mala organización del presupuesto". De hecho, y según los datos facilitados por la propia administración, la partida dedicada a las BRIF aumentó con respecto al ejercicio anterior en más de 2,4 millones de euros al pasar de los 71.868.872,20 euros a 74.300.000 euros. Los trabajadores recibieron la explicación de que la subida se debe a un aumento de los medios materiales contra el fuego, en concreto, de los medios aéreos.

En lo que se refiere a los medios humanos también existen desajustes económicos. La página web del departamento de Agricultura del ministerio publica que la cantidad destinada al personal es de 20.881.167,42 repartidos en nueve meses y medio. Por el contrario, en la página de información del Consejo de Ministros la cifra es de 18.307.977,55 para el mismo periodo. La diferencia entre ambas cantidades es de 2,5 millones de euros, lo que supone 270.000 euros menos cada mes.

Pese a todo, los agentes, agrupados en la Asociación de Trabajadores BRIF, dicen que quieren mantener una actitud de diálogo con las autoridades y persuadir al ministerio de la necesidad de estabilizar los puestos de trabajo al tratarse, dicen, de un servicio público.
Peligrosidad de incendios forestales

La campaña contra incendios se prevé que sea especialmente intensa este verano. La disminución del presupuesto destinado a la prevención y a la extinción en algunas comunidades como Galicia provoca que en los montes sea rápida la proliferación de los incendios forestales.

Distintos agentes forestales consultados afirman que "no se han llevado a cabo tareas de prevención y las intensas lluvias de la pasada primavera han creado el caldo de cultivo perfecto para que la vegetación se convierta en pasto de las llamas".

De hecho, este diario ha comprobado cómo los 59 trabajadores de las BRIF en Galicia se encuentran desbrozando el monte en la zona de Laza, especialmente dañado en los últimos años por los incendios sucesivos de los últimos años.

Los aprovechamientos de montes públicos generan en Segovia cinco millones de euros al año

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Los expertos en desarrollo rural, reunidos el pasado mes de marzo en Valladolid, volvieron a hablar de la asignatura pendiente de Castilla y León: rentabilizar los aprovechamientos forestales. En una comunidad donde la mitad de los 94.000 metros cuadrados de sus territorio son de masa forestal, bosques o pastizal, los montes ofrecen múltiples oportunidades para generar riqueza y fijar la población. Madera, leña, fruto albar (piñas), resina, pastos, colmenas, caza, setas..., forman un conjunto de aprovechamientos forestales que, solo en los montes de utilidad pública de la provincia de Segovia, generaron el año pasado 5.090.172 euros. La mayor producción de los montes segovianos es la de madera y leña, y después la de resina, concentrada en las comarcas de Coca y Cuéllar.

Esos más de 5 millones de euros corresponden en Segovia a los 863 expedientes de aprovechamientos forestales en montes de utilidad pública que tramitó en 2011 el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. La cantidad podría ser mayor y ya hay iniciativas en marcha para rentabilizar aún más los montes, como la que lidera el Ayuntamiento de Coca con el objetivo de obtener la declaración de Bosque Modelo para las 127.000 hectáreas de pino resinero y piñonero repartidas entre Segovia, Valladolid y Ávila.

De lo que no tiene una estimación la Junta es de a cuánto asciende el conjunto de los aprovechamientos forestales de montes privados, si bien el número de expedientes ya da una idea: 2.533 de madera y leña, con 11.576 metros cúbicos de madera y 163.192 estéreos (cantidad que cabe en un metro cúbico) de leña; otros 283 expedientes de piñones (fruto albar), que corresponden a 9.130 hectolitros, y 20 de resina para una producción de 46.274 kilogramos.

La madera de los montes privados supone menos de una décima parte de la que se extrae de los de utilidad pública, que en 2011 superó los 127.000 metros cúbicos entre la de pino resinero (Pinus pinaster) y piñonero (Pinus pinea)

 

Los expertos en desarrollo rural, reunidos el pasado mes de marzo en Valladolid, volvieron a hablar de la asignatura pendiente de Castilla y León: rentabilizar los aprovechamientos forestales. En una comunidad donde la mitad de los 94.000 metros cuadrados de sus territorio son de masa forestal, bosques o pastizal, los montes ofrecen múltiples oportunidades para generar riqueza y fijar la población. Madera, leña, fruto albar (piñas), resina, pastos, colmenas, caza, setas..., forman un conjunto de aprovechamientos forestales que, solo en los montes de utilidad pública de la provincia de Segovia, generaron el año pasado 5.090.172 euros. La mayor producción de los montes segovianos es la de madera y leña, y después la de resina, concentrada en las comarcas de Coca y Cuéllar.

 

Esos más de 5 millones de euros corresponden en Segovia a los 863 expedientes de aprovechamientos forestales en montes de utilidad pública que tramitó en 2011 el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. La cantidad podría ser mayor y ya hay iniciativas en marcha para rentabilizar aún más los montes, como la que lidera el Ayuntamiento de Coca con el objetivo de obtener la declaración de Bosque Modelo para las 127.000 hectáreas de pino resinero y piñonero repartidas entre Segovia, Valladolid y Ávila.

 

De lo que no tiene una estimación la Junta es de a cuánto asciende el conjunto de los aprovechamientos forestales de montes privados, si bien el número de expedientes ya da una idea: 2.533 de madera y leña, con 11.576 metros cúbicos de madera y 163.192 estéreos (cantidad que cabe en un metro cúbico) de leña; otros 283 expedientes de piñones (fruto albar), que corresponden a 9.130 hectolitros, y 20 de resina para una producción de 46.274 kilogramos.

 

La madera de los montes privados supone menos de una décima parte de la que se extrae de los de utilidad pública, que en 2011 superó los 127.000 metros cúbicos entre la de pino pinaster y pinea, chopo y pino silvestre, con un valor de 3.164.378 euros, de los que algo más de 2 millones corresponden a la de pino silvestre y por encima de un millón de euros a la de pino pinaster. Sin embargo, la proporción se invierte en el aprovechamiento de leña, que en los montes públicos fue de 13.553 estéreos con un valor de 102.587 euros al sumar de rebollo, roble, fresno, encina y pino.

 

En lo que están casi a la par los montes públicos y privados es en la producción de piñones (8.836 hectolitros y 160.785 euros en los de utilidad pública, además de 1.460 euros por 12 toneladas de semilla), por lo que cabe deducir que este fruto genera unos ingresos parecidos para los propietarios particulares.

Las zonas productoras de madera y leña están repartidas por toda la provincia, según informa el Servicio Territorial de Medio Ambiente. Las de pino resinero (Pinus pinaster) se concentran en Aguilafuente, Zarzuela del Pinar, Cantalejo, Lastras de Cuéllar, Sanchonuño, Cuéllar, Navas de Oro y Coca. Las de pino silvestre (Pinus sylvestris) están en Navafría, El Espinar y La Granja y Valsaín, aunque estas dos últimas zonas son gestionadas por Patrimonio Nacional y la Junta no dispone de datos. El roble rebollo (Quercus pyrenaica) se explota en la zona de Riaza.

 

Pastos, resina y caza

En los montes públicos, la segunda producción en importancia son los pastos, pues reportan 535.055 euros en un total de 173 expedientes (la mayor parte para ganado lanar y vacuno) para alimentar a un total de 20.882 cabezas. Después están las resinas, con 236 expedientes y más de un millón de pies en explotación que produjeron el año pasado 481.138 euros.

 

La caza también es un aprovechamiento destacado, pues en 2011 generó 168 expedientes que corresponden a 94.737 hectáreas y que reportaron 379.818 euros.

 

El valor de otros aprovechamientos es menor, pero tiene muchas opciones de desarrollo. Siempre referidos a montes públicos, los valores estimados por Medio Ambiente son de 76.742 euros para los cultivos agrícolas, 4.686 euros para la hierba, 17.000 euros para las cuatro áreas recreativas, 4.254 euros para las 3.085 colmenas, 9.000 euros por el rodaje de 14 anuncios, 2.700 euros por la venta de 250 kilos de ramas de acebo y 490 euros por 70 kilos de piedra caliza.

 

Recursos alternativos

En las actuales circunstancias económicas, los aprovechamientos de los montes cobran una gran importancia para particulares y administraciones públicas; por ejemplo, dado el precio de los combustibles fósiles, la biomasa es cada vez más un recurso energético de primer orden y hasta la propia Junta de Castilla y León saca un rendimiento de los montes de su propiedad.

 

En Segovia, la Administración regional obtuvo el año pasado 94.415 euros por la madera, y otros 54.951 euros por los pastos de las 9.404 hectáreas propias que gestiona.

 

Medio Ambiente resuelve una cuarta parte de las denuncias

El valor de algunos aprovechamientos de los montes no pasa desapercibido para los amigos de lo ajeno. Las piñas y piñones están en el punto de mira incluso de bandas organizadas y en la pasada campaña de la recogida de este fruto, entre el 11 de noviembre y el 10 de abril, la Guardia Civil ha conseguido desarticular una banda organizada que se dedicaba a robar piñas en Segovia, Valladolid y Zamora. 

 

Solo en esta campaña y en la provincia de Segovia, la Guardia Civil ha decomisado 17.420 kilos de piñas y ha detenido o imputado a 29 personas por nueve faltas o delitos de hurto y ha iniciado 58 infracciones administrativas, la mayoría porque los recolectores de piñas carecían de la licencia de aprovechamiento. Casi todas esas actuaciones se desarrollaron en las comarcas de Coca y Cuéllar, según informó la Subdelegación del Gobierno, tanto en montes públicos como privados.

 

Esta actuación de la Guardia Civil complementa la del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta, cuya Sección de Régimen Jurídico tramita y gestiona todo tipo de expedientes a raíz de las denuncias que recibe, que en líneas generales son de infracciones a la normativa de prevención de incendios, por circular sin autorización en el monte o por los aprovechamientos que se realizan sin permiso o sin cumplir las condiciones exigidas. Según los datos facilitados por la Junta, en 2011 hubo 378 denuncias y 209 expedientes, de los que fueron sobreseídos siete; 77 están en tramitación, 169 por iniciar y 98 resueltos.

 

La competencia para vigilar el cumplimiento de las normas descansa en los agentes forestales y medioambientales de la Junta. Y según indica su asociación profesional (Apafma), el número de agentes que trabajan por comarca se ha reducido a dos por comarca los fines de semana y festivos, cuando los particulares trabajan en sus montes. De esta forma, los agentes consideran que la vigilancia, tanto de los aprovechamientos como de la caza, pesca, residuos y otras actividades, «se ha visto muy mermada».

 

Los encargados de la vigilancia estiman que los expedientes resueltos «son poco más del 25% de las denuncias formuladas», a pesar de que, en su opinión, «no suelen representar gran dificultad puesto que suelen ser de cierta sencillez y escasa variedad». Y el hecho de que la mayoría de las infracciones no sean sancionadas, señala la asociación profesional, «tiene un efecto muy perjudicial, puesto que algunos infractores, al comprobar que no ha tenido ninguna consecuencia sobre ellos, no dudan en volver a cometerlas. En lugar de tener un efecto disuasorio, produce el contrario».