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El apetito por el desarrollo de negocios de reforestación en el país le daría razón al Gobierno en su apuesta por alcanzar un millón de hectáreas reforestadas en cuatro años. Sin embargo, se requiere de ajustes institucionales que faciliten la tierra y los recursos.
"Según los estudios de suelos del Instituto Agustín Codazzi, Colombia tiene tierras apropiadas para la reforestación industrial del orden de 13 millones de hectáreas. Hoy, apenas están sembradas en bosques industriales unas 350.000 hectáreas. La meta del Gobierno es, en cuatro años, reforestar siquiera un millón de hectáreas", sentencia Juan Camilo Restrepo, ministro de Agricultura.
Esta cifra aceleraría los objetivos propuestos en la Visión 2019 del país, en donde la meta era llegar a 1,2 millones de hectáreas para finales de esta década. Según cálculos de expertos del sector, con el millón de hectáreas, el país podría generar cerca de 80.000 empleos y las inversiones -dependiendo de las variedades- podrían ir entre $5 millones a $12 millones o más por hectárea en los primeros años, sin contar con inversiones adicionales que podrían llegar posteriormente en materia industrial.
El interés de inversionistas chilenos en expandir sus operaciones internacionales, los planes de crecimiento de las empresas que actualmente tienen plantaciones y la creación de fondos de inversión para apoyar proyectos forestales son una muestra del dinamismo que podría tener este sector en los próximos años.
Para Colombia, la industria forestal puede convertirse en una de sus más interesantes alternativas económicas: el país tiene la tierra, es una industria generadora de empleo y puede convertirse en un importante jugador en el PIB nacional, y combinar la estrategia de extracción minera y petrolera, con una renovable.
Países como Chile, Brasil, Argentina y más recientemente Uruguay, lo han entendido así. Por ejemplo, en Chile este sector pesa cerca del 3,3% del PIB, con unas 2,4 millones de hectáreas sembradas. Brasil tiene cinco millones de hectáreas y Argentina 1,1 millones. Incluso Uruguay, cuya extensión de tierra es la sexta parte de Colombia, tiene más hectáreas reforestadas que nuestro país, con 800.000.
Sin embargo, para hacer realidad este potencial se requiere la alineación de varios factores. Por un lado, se trata de un negocio de largo plazo, que puede ir entre los 12 y los 20 años, lo que implica una transformación cultural para que inversionistas privados piensen en él como una opción. Y, por otro, se debe fortalecer la institucionalidad del sector, destrabar procesos de tierras en lo relacionado con la titularización, y asegurar recursos públicos de la mano de incentivos en el largo plazo.
Los interesados
Por el momento, se ha conocido el interés de las multinacionales chilenas Masisa y Arauco -los principales jugadores del sector en Chile- por entrar al país, las cuales le seguirían los pasos a Agropecuaria Santa Rita, que desarrolla 26.000 hectáreas en el nordeste antioqueño, con una inversión inicial de $30.000 millones.
Masisa tiene ingresos anuales cercanos a US$1.000 millones y 243.000 hectáreas en pinos y eucaliptos en Chile, Argentina, Brasil y Venezuela; mientras que Arauco -brazo forestal del grupo Copec que adquirió Terpel- hizo recientemente una inversión por US$1.500 millones en una moderna planta en Chile y cuenta con 1,6 millones de hectáreas en diferentes países. "Tradicionalmente, luego de la llegada de las multinacionales a un mercado en busca de recursos forestales, vienen nuevas inversiones en maquinaria y equipos para generar mayor valor agregado a sus productos", dice un empresario del sector.
Por su parte, las locales o multinacionales que operan en Colombia, y que tienen negocios de madera o papel, también están muy activas en este sector, porque para ellas tiene sentido la integración vertical en búsqueda de eficiencias. Propal, del grupo Carvajal, adelanta un proyecto piloto en el Magdalena medio con especies y tecnología procedente de Brasil. Si el proyecto da resultado, implicaría sembrar unas 80.000 hectáreas de bosque. Este proyecto surtiría un molino de unas 480.000 toneladas de madera, lo que significaría una inversión cercana a los US$1.300 millones. En dos años, y con la asesoría brasileña, estaría definido este proyecto (ver Dinero No. 354).
Smurfit Kappa Cartón de Colombia, la empresa que más hectáreas tiene en el país, con un patrimonio forestal cercano a las 70.000 hectáreas -que incluye el bosque natural que conserva y la reforestación industrial que supera las 45.000 hectáreas-, requeriría entre 15.000 y 20.000 nuevas hectáreas para atender sus necesidades de largo plazo. Pizano analiza en la actualidad sus necesidades en materia prima hacia el futuro para sumar nuevas hectáreas a las cerca de 30.000 hectáreas que tiene en la Costa Atlántica.
Para estas empresas, el modelo del negocio de reforestación se da bajo la adquisición de tierras o la alianza con dueños. "Tenemos una mezcla de las dos. Tierras propias y cuentas de participación, donde los dueños ponen las tierras y nosotros hacemos el cuidado y la plantación. Bajo este último esquema contamos con unas 7.000 hectáreas", explica Rudolf Rhan, vicepresidente de la división forestal y de recursos de Smurfit Kappa Cartón de Colombia.
Pizano también avanza en el negocio, no solo con tierras propias, sino buscando alianzas con dueños de tierras. "Hace 30 años, uno compraba la tierra; ahora, no es necesario adquirirla, pues hay propietarios que quieren entrar al negocio y ya tenemos asociados. Esto nos permite dedicar más recursos a las plantaciones y no tenerlos inmóviles en la tierra", señala Miguel Rodríguez, director forestal de Pizano.
Los otros protagonistas son los fondos forestales, como LAEFM Colombia que estructura dos de ellos y el más reciente, de cultivo de caucho, de Profesionales de Bolsa. "Identificamos oportunidades y nichos de negocio con valorización, y estructuramos un vehículo financiero para desarrollar los proyectos", dice Arnoldo Casas, gerente de banca de inversión de Profesionales de Bolsa, firma que tiene un fondo de cultivo de caucho con aliados estratégicos: Mavalle, del Grupo Sarmiento, que tiene 3.500 hectáreas sembradas y ya están llegando a la producción y contempla la inversión en una planta. "Nuestras tierras están en el Vichada y las de Mavalle en el Meta. Ellos nos prestan conocimiento, asesoría técnica y material vegetal. Otro aliado es Cauchopar, empresa que conoce de la administración de las plantaciones", explica Casas.
Qué falta
Aunque el panorama es promisorio, aún falta alinear diferentes instancias en la estrategia. Una, entender de qué se trata el negocio. "En el país aún no hay cultura de largo plazo y se necesita gente dispuesta a innovar e invertir en estos plazos", dice Juan Carlos Tavera, de Proyectar Valores.
Por su parte, para Casas, de Profesionales de Bolsa, a los fondos de pensiones les cuesta trabajo atender portafolios por debajo de $100.000 millones. "Es necesario construir experiencia e ir creando la cultura. Además, solo tienen el 5% para invertir en este tipo de fondos y eso va a cambiar al 7%. Sin embargo, deben ser muy selectivos para destinar estos recursos", dice.
Otra instancia tiene que ver con la institucionalidad. Aunque se ha avanzado con la Ley Forestal, no es suficiente. "Con las bases que se están dando, es prioritario un Estado dinámico con unidad de criterio. Es decir, que todos los stake holders del tema forestal estén alineados, situación que aún no se ha dado. Los costos en tiempo y recursos de las gerencias forestales de las compañías son de entre el 60% y 70%, costos muy altos que no están asociados al negocio", dice Rodríguez, de Pizano.
Además, es necesario solucionar el problema de titularización de tierras, que aún persiste en el país, y, de otra parte, que el Ministerio de Ambiente tenga tranquilidad y claridad sobre las plantaciones forestales y su impacto.
Algunos expertos consultados por Dinero consideran que el sector forestal debería seguir el ejemplo del petrolero. "Cuando se cambió la estructura del sector de hidrocarburos en Colombia, hubo una política de gobierno decidida, se le apostó al sector y la estrategia salió bien", dice uno de ellos. Una de las propuestas es crear una entidad parecida a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) que le dio institucionalidad al sector petrolero, cuando antes era solo Ecopetrol.
En el tema de los incentivos, existen los certificados de incentivo forestal (CIF) que en los últimos cinco años ha desembolsado más de $110.000 millones, según cifras del Ministerio de Agricultura. Este incentivo reconoce el 50% de costos de plantación para especies introducidas y el 75% para especies nativas, así como el 50% de costos de manejo durante cinco años. Otro es el incentivo tributario que se aplica a posteriori y que tiene diferentes modalidades. Sin embargo, los proyectos no pueden aplicar a los dos y son excluyentes.
En este aspecto, las propuestas van desde que no se discrimine entre las especies introducidas y las nativas, pues en muchos casos las primeras tienen mayor productividad; hasta que -al ser un negocio de largo plazo-, los incentivos se mantengan en el tiempo, con valores estables y teniendo en cuenta las diferentes regiones del país. "Con los anuncios del Gobierno de desmontar incentivos, hay una alta preocupación en el sector. Se deberían mirar ejemplos como el chileno, donde el gobierno de ese país ha recogido en impuestos cuatro veces más de lo que dio en incentivos", dice un empresario.
Además, las posibilidades de transformar estas plantaciones en proyectos para vender certificados de reducción de emisiones, por su papel en la captura de CO2, no son tan atractivas. En algunos análisis, la rentabilidad del proyecto aumenta apenas 1%, con altos costos en el proceso, trámites y compromisos que se adquieren.
De otro lado, es necesario articular esfuerzos de investigación y desarrollo de la academia, del sector empresarial y del Gobierno. "Es necesario formar clústers, acompañados de investigación. El agro tiene más técnica que cualquier otra industria. Además del papel del Gobierno y del sector privado, las universidades deben estar investigando variedades para alcanzar más eficiencias y productividades", dice Casas.
Y, finalmente, la falta de infraestructura se convierte, como en otros sectores de la economía, en una limitante, pues en las zonas de alto potencial no hay vías ni obras suficientes para hacer atractiva la inversión.
Sin duda, este sector puede ser una de las más importantes locomotoras del país. Sin embargo, aún está por descubrir y será necesario transformar muchas de las prácticas que se han venido desarrollando para impulsarlo y ponerlo a la altura de otros en Latinoamérica.
