05 marzo 2013

La reserva hidráulica española se encuentra al 67,8% de su capacidad total


Aumenta en 230 hm³ respecto a la semana anterior
La reserva hidráulica española está al 67,8% de su capacidad total. Actualmente hay 37.497 hm³ de agua embalsada, lo que representa un aumento de 230 hm3 (el 0,4%) con respecto a los niveles de la semana anterior, con variaciones entre -102 hm³ en Ebro y 127 hm³ en Tajo.       
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Cantábrico se encuentra al 82,8%                     
Miño-Sil al 80,3%,
Galicia Costa al 88,2%
Cuencas internas del País Vasco  al 100,0%
Duero al 57,3%
Tajo al 53,4%
Guadiana al 76,4%
Cuenca Atlántica Andaluza al 85,4%
Guadalquivir al 86,2%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 74,7%
Segura al 58,9%
Júcar al 43,6%
Ebro al 69,5%
Cuencas internas de Cataluña al 50,5%

Las precipitaciones han sido abundantes en toda la Península. La máxima se ha producido en Tortosa con 64,0 mm (64,0 l/m2).

La situación de las cuencas a fecha de hoy, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:

  

  AMBITOSRESERVA TOTAL EMBALSADA
Capacidad TotalAño ActualAño AnteriorMedia 10 Años
Cantábrico633524454484
Miño-Sil3.0302.4341.5422.161
Galicia Costa684603343461
Cuencas internas del País Vasco21211919
Duero7.5074.2994.1545.241
Tajo11.0125.8815.6826.514
Guadiana8.6356.5946.5716.207
Cuenca Atlántica Andaluza1.8801.6061.4671.296
Guadalquivir8.1016.9816.3154.930
Vertiente Atlántica41.50328.94326.54727.313
Cuenca Mediterránea Andaluza1.177879794572
Segura1.141672650363
Júcar3.3361.4551.7781.190
Ebro7.4945.2064.4264.860
Cuencas internas de Cataluña677342569465
Vertiente Mediterránea13.8258.5548.2177.450
Total peninsular55.32837.49734.76434.763



Fuente: MAGRAMA

Ayudas para la conservación de la dehesa extremeña


El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto por el que se establecen las ayudas para la mejora y la regeneración de la dehesa. En su primera convocatoria estas subvenciones alcanzarán los 22,5 millones de euros, una cantidad con la que se prevé, entre 2013 y 2015, actuar en unas 50.000 hectáreas de dehesa y generar 60.000 jornales

La dehesa es uno de los ecosistemas forestales de mayor valor de la comunidad autónoma. Esta normativa tiene por objeto conservar, proteger y restaurar la dehesa extremeña, manteniendo sus tradicionales aprovechamientos ganaderos, biodiversidad, flora, fauna, suelo y paisaje, defendiendo sus recursos y potenciando su diversidad natural, cultural y actividad económica productiva, en el marco de un desarrollo rural sostenible.

En los últimos años la superficie de dehesa se está reduciendo paulatinamente, las masas se han envejecido y aclarado en exceso, y proliferan los agentes nocivos que comprometen su viabilidad, además de una excesiva matorralización. Todo ello pone en riesgo la continuidad de este paisaje e incrementa el riesgo de incendios, por lo que la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía ha decidido, en el marco del Programa de Desarrollo Rural (FEADER), abrir una convocatoria de ayudas para los terrenos adehesados de Extremadura.

Estas subvenciones pretenden abordar problemas como la falta de regeneración del arbolado y el incremento de la fosilización de las dehesas; el deterioro y muerte de encinas y alcornoques, especialmente por la ‘seca’; una mejor selvicultura necesaria para el mantenimiento del arbolado; y la mejora de las infraestructuras que aseguren la viabilidad en la gestión sostenible de la dehesa.

Además, para optimizar el reparto de los fondos, se prioriza prestar apoyo a los titulares forestales. Esta línea de ayudas está destinada a regeneración de terrenos adehesados; densificaciones con protectores tipo jaula; apoyo a la regeneración natural; tratamientos selvícolas de mejora de la vegetación; podas de mantenimiento; podas de forestaciones de tierras agrarias; apostados; mejora de pastizales; prevención contra la ‘seca’; pediluvios; cerramientos de aislamiento; conservación de infraestructuras tradicionales en terrenos adehesados; y ampliación charcas de tierra.

La partida total alcanza los 22,5 millones, de los que 15 son para este año; 4,5 millones para el 2014 y 3 millones para 2015.

Las subvenciones serán cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 2007-2013 (FEADER), eje 2 (mejora del medio ambiente y del entorno rural), medida 2.2.7 (inversiones no productivas), y la tasa de cofinanciación de la UE es del 75%.

El porcentaje de la ayuda será del 95% para actuaciones de regeneración de dehesas prevención de la seca, y del 85% en los restantes casos.


Fuente: Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de Exremadura

Solicitan mayor protección de un paraje de un Monte de Utilidad Pública en #CyL por su importancia para el águila imperial

visto en europapress.es


SEGOVIA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción (EA) se ha dirigido a la Comisión Territorial de Urbanismo de Segovia para solicitar que se declare como 'Suelo Rústico con Protección Natural' el paraje de El Llano Amarillo, un espacio que forma parte de los Montes de Valsaín, propiedad del Organismo Autónomo Parques Nacionales, que está incluido en el ámbito de aplicación del Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica en Castilla y León.

Los ecologistas recuerdan que la Ley de Montes de la Comunidad dispone que los terrenos que pertenecen a los Montes de Utilidad Pública de la Región, como es el caso El Llano, sean clasificados bajo esa figura en los planes urbanísticos.

El entono es un área abierta ubicada en las cercanías del antiguo campamento de las Milicias Universitarias de El Robledo, razón por la que fue utilizado para realizar prácticas y ejercicios militares entre 1942 y 1972.

Actualmente este espacio está catalogado como Monte de Utilidad Pública (MUP) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). En 2002, según explica EA, la Junta elaboró un informe en el que se alertaba de que esta zona podría tener un papel importante como área de caza y campeo del águila imperial, además de constituir el territorio de cría y alimentación de muchas otras especies menores.

Un estudio realizado recientemente por el biólogo Miguel Ángel Hernández confirma que el área posee un elevado valor ecológico y que juega un papel vital para algunas especies de aves, entre ellas el águila imperial ibérica y el milano real, ambas declaradas en peligro de extinción.

La investigación constata que El Llano acoge una abundante población de conejo silvestre, presa principal del águila imperial, y que esta población prospera debido a una conjunción de circunstancias singulares, como el carácter abierto del terreno, la ausencia de carga ganadera y la ausencia de caza.

En 1981 la mayor parte de El Llano Amarillo fue clasificada como urbanizable a pesar de encontrarse a varios kilómetros del casco urbano del Real Sitio de San Ildefonso, al que pertenece el término. Sin embargo, desde entonces la zona ha permanecido inalterada.

Suelo industrial

Al elaborar el nuevo Plan General de Urbanismo (PGOU), según indican los ecologistas, el Ayuntamiento del Real Sitio decidió catalogar los terrenos como suelo industrial pese a que la Ley recoge que los terrenos pertenecientes a Montes de Utilidad Pública deben ser calificados como 'Suelo rústico con Protección Natural'.

Previamente, el Servicio Territorial de Medio Ambiente y la Consejería de Medio Ambiente habían emitido informes desfavorables a la propuesta urbanizadora. El Organismo Autónomo Parques Nacionales, perteneciente al Ministerio de Agricultura, propietario y gestor de los terrenos, también informó desfavorablemente la pretensión del Ayuntamiento.

No obstante, la Comisión de Urbanismo dio en julio de 2011 luz verde al PGOU de La Granja y acordó dejar en suspenso la aprobación definitiva de la clasificación del sector, así como requirió que, o bien los terrenos fueran clasificados como suelo rústico con protección natural o, alternativamente, que el Ayuntamiento los adquiriera y promoviera su desafectación. La Comisión asignó a los terrenos, de forma provisional, el régimen de suelo rústico común.

La organización manifiesta que esta decisión motivó que Ecologistas en Acción de Segovia impugnara el PGOU, al considerar que los poderes públicos no sólo no habían cumplido con el imperativo legal sino que con esa decisión "estaban facilitando que el municipio esquivara el mandato de la Ley de Montes".

Ecologistas en Acción considera por otra parte que en el entorno de Segovia hay ya una gran cantidad de suelo catalogado como industrial que no está siendo ocupado. De hecho, señalan, "los polígonos industriales semivacíos, muchos en estado de semiabandono, se han convertido en una imagen recurrente en el paisaje provincial".

Así, ve "ilógico" crear un nuevo enclave industrial, "de incierto futuro", y "sacrificar" para ello un espacio de alto valor ecológico, paisajístico y recreativo.

Promover el sector agroforestal en la agenda política

El sector agroforestal es una fuente importante de productos a nivel local como leña, madera, frutas y forraje para el ganado, y a nivel global como coco, café, té, caucho y resina. Casi la mitad de la superficie agrícola del mundo contiene al menos un 10 por ciento de la cubierta forestal, por lo que la agrosilvicultura es vital para los medios de subsistencia de millones de personas.

En esta nueva guía dirigida a los responsables de la toma de decisiones y asesores de políticas, ONG e instituciones gubernamentales, la FAO muestra como el sector agroforestal se puede integrar en las estrategias y políticas nacionales y cómo pueden ajustarse sus políticas a condiciones específicas. La guía sobre políticas aporta ejemplos de las mejores prácticas y casos de éxito, así como las lecciones aprendidas de los desafíos y fracasos.

Están surgiendo nuevas oportunidades para la agroforestería que contribuyen de manera significativa a los medios de subsistencia de unos 100 millones de personas de bajos ingresos. Entre ellos se encuentra el potencial de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al ralentizar la conversión de bosques en tierras agrícolas y el secuestro de carbono en los árboles o en las explotaciones a través de los incentivos financieros ofrecidos por el comercio de derechos de emisión de carbono y la iniciativa REDD+. Asimismo, la ampliación de la regeneración natural de más de cinco millones de hectáreas de tierras áridas degradadas en Níger contribuirá a mitigar el cambio climático e incrementar los ingreso rurales.

La guía proporciona diez vías principales para la acción política, incluyendo la sensibilización sobre los sistemas agroforestales para los agricultores y la comunidad mundial, la reforma de las regulaciones desfavorables en el sector forestal, agrícola y rural y aclarando las políticas sobre el uso del suelo. Esto último no significa necesariamente la concesión formal de títulos de propiedad de la tierra. Los investigadores han encontrado que algunas formas consuetudinarias de tenencia de aportan seguridad para plantar árboles, al tiempo que reducen los trámites y los costes administrativos.

Fuente: FAO para América Latina y el Caribe

04 marzo 2013

Los madereros gallegos alertan de las dificultades para comercializar las talas sin certificado de origen


visto en farodevigo.es


Ana Oróns - Secretaria general de Confemadera

L.PIÑERO - VIGO Los madereros gallegos no podrán acreditar la legalidad y el origen de las talas como exigirá la Unión Europea (UE) a partir del tres de marzo. El sector culpa a las administraciones -Estado y Xunta- de no haber puesto en marcha los mecanismos de control que garanticen el origen legal de la madera. La industria maderera de la comunidad teme una caída de los pedidos por la falta de esa certificación.

La UE implantó en octubre de 2010 un Reglamento (Reglamento (UE) nº 995/2010), con dos años de moratoria para su aplicación, que obliga a los Estados miembros para que toda la madera, o productos derivados de la madera, que se comercialicen dentro de territorio europeo esté acreditada que tiene un origen legal.

El objetivo de este reglamento es evitar la comercialización en Europa de la madera procedente de talas ilegales como las que se producen en la Amazonia o en otros confines del planeta, pero también de la madera que tiene su origen en los países comunitarios. Así, desde el próximo tres de marzo los países europeos tendrán que certificar el origen legal de la madera que producen.

Los diferentes Estados tenían estos dos años y pico para poner en marcha los mecanismos o sistemas para verificar y legitimar el origen de la madera sin que tuviera coste alguno para la industria. Al sector maderero se le plantea ahora un grave problema, ya que a una semana de que el reglamento entre en vigor, ni en España ni en Galicia se ha implantado ese sistema de Due Diligence (diligencia debida) exigido. Esto quiere decir que a partir del 3 de marzo no se le va a poder acreditar el cumplimiento de la normativa a los clientes nacionales ni internacionales.

Entidad de supervisión

Para verificar la legalidad de la madera, cada Estado miembro tendría que establecer o determinar lo que se denomina una entidad de supervisión, que no es más que un organismo público-privado que avale o garantice que la madera que se comercialice en un determinado territorio es legal.

En estos momentos en España no hay ninguna entidad que haya sido declarada o reconocida como supervisora. En Galicia la preocupación todavía es mayor porque aquí se corta el 50% de toda la madera de toda España y la comunidad es considerada como el motor forestal del país.

El sector reconoce que ahora mismo en Galicia tenemos una legislación prolífica y abundante para garantizar que toda la madera que se corta es controlada. Para realizar una corta de árboles, los madereros tienen que pasar muchos trámites, incluso por parte de cada ayuntamiento.

"Ahora lo que ahora hace falta es que exista un organismo que nos diga que esto es legal, y que garantice el cumplimiento de la diligencia debida. Nos encontramos con un vacío legal que nos impide cumplir con la nueva normativa que ahora entra en vigor", indican fuentes del sector.

Desde el primer momento, hace más de dos años, el sector gallego solicitó a las administraciones que se arbitrasen un mecanismo que reconociese que lo que se hace en Galicia en materia forestal es lo correcto y cumple taxativamente con la legalidad. El sector maderero gallego llegó a un acuerdo con la Xunta para que, con el permiso de corta, que está controlado y supervisado por la propia administración autonómica, y que también cumple con la legislación estatal, se cree un registro de empresas e industrias forestales. "Con todo esto, la Xunta es la que tendría que solicitar ante la Comisión Europea ser reconocida como entidad de supervisión", indican estas fuentes.

Pero sin embargo, el Gobierno autónomo no ha creado, ni definido, ni constituido, ni publicado el registro de empresas forestales ni realizó los trámites necesarios para ser reconocida como entidad de supervisión, denuncian desde el sector.

"Ahora mismo nos encontramos con un vacío legal. Es decir, en el sector hacemos las cosas bien pero nadie le va a decir a Europa que las hacemos bien. Estamos en una cara situación de indefensión", indican estas fuentes.



Enlace relacionado con la noticia: WWF pide al Gobierno que trasponga la legislación europea para poner fin al comercio de madera de origen ilegal